A finales de septiembre, el ministro del Interior, de Australia, Peter Dutton, presentó un nuevo proyecto de ley que le daría mayores poderes para despojar de la ciudadanía australiana a los las personas con doble nacionalidad condenados por delitos relacionados con el terrorismo o que se dedican a actividades conexas.
Ante la posibilidad de que los combatientes extranjeros regresen tras estar implicados en conflictos armados en el extranjero, principalmente en Oriente Medio, el proyecto de ley propone ampliar la actual ley de revocación de la ciudadanía a cualquier persona con doble nacionalidad que sea condenado por un delito de terrorismo que conlleve al menos tres años de prisión. La ley actual estipula seis años.
Asimismo Dutton quiere que la ley sea retroactiva y abarque hasta mayo de 2003, frente a la actual fecha que es diciembre de 2015.
El proyecto de ley también propone cambiar el proceso de revocación de la ciudadanía. En lugar de que cese automáticamente cuando la gente se involucra en conductas relacionadas con el terrorismo, el ministro tendría el poder exclusivo de decidir si deben ser despojados de su ciudadanía.
Desde 2011 Australia ha aprobado casi un centenar de leyes antiterrorista
El nuevo proyecto de ley de ciudadanía encaja perfectamente en el patrón de una legislación australiana demasiado entusiasta contra el terrorismo en los últimos 18 años.
En 2011, el profesor Kent Roach, de la Universidad de Toronto, describió esta respuesta en Australia como una de "hiperlegislación".
Otro experto, el profesor George Williams, de la UNSW, calculó que entre los ataques terroristas del 11 de septiembre y la derrota del gobierno de Howard en noviembre de 2007, se promulgó una nueva ley antiterrorista en promedio cada 6,7 semanas.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y con la declaración de un califato por parte de la milicia extremista Estado Islámico en 2014, el gobierno ha impulsado una nueva ola de leyes antiterroristas.
Esta nueva tanda comenzó con la Ley de Enmienda de la Legislación de Seguridad Nacional (National Security Legislation Amendment Act) (No 1) 2014 (Cth), que eximió a los funcionarios encubiertos de la agencia de inteligencia interna ASIO, por sus siglas en inglés, de la persecución penal. Esta polémica enmienda también amplió el acceso de esa organización a las redes informáticas y restringió la filtración de información delicada.
En los cinco años transcurridos desde entonces, se han aprobado otras 19 leyes antiterroristas. Con ello, el número total de leyes sustantivas contra el terrorismo promulgadas por el Parlamento suman 82 desde los atentados del 11 de septiembre, y otros seis proyectos de ley se encuentran actualmente en el Parlamento o están a punto de ser presentados.
Este es un número asombroso de leyes, y excede por mucho el volumen en el Reino Unido, Canadá e incluso los Estados Unidos en respuesta al 11 de septiembre.
Home Affairs Minister Peter Dutton would have the power to decide on revoking citizenship for those convicted of terror offences under a new bill Source: Sam Mooy/AAP
Leyes draconianas e impracticables
No es sólo el mero número de leyes, sino también su alcance, lo que hace que Australia destaque entre las democracias occidentales.
En el centro del régimen antiterrorista de Australia se encuentra una definición de terrorismo cuidadosamente considerada y, a los ojos de la mayoría de los comentaristas, equilibrada.
Sin embargo, con el paso de los años, la legislación, cada vez más draconiana y a menudo inviable, se ha expandido más allá de esta definición. Por ejemplo, el mero hecho de viajar a ciertas zonas, como Mosul en Irak, se considera un delito, así como la apología del terrorismo.
En lugar de trabajar con empresas como Facebook y Twitter tras los atentados terroristas de Christchurch, el gobierno australiano les impuso obligaciones poco prácticas de examinar las actividades en línea de sus clientes (con más leyes amenazadas en caso de incumplimiento).
Además de la privación de la ciudadanía de las personas con doble nacionalidad, otro proyecto de ley impediría a cualquier persona regresar a su país de conflictos en el extranjero durante un período de tiempo considerable en virtud de una Orden de Exclusión Temporal, incluso a los australianos que no tienen otro pasaporte.
Otro proyecto de ley que se ha presentado ante el Parlamento de Camberra requeriría que las personas que hayan sido acusadas previamente de un delito de terrorismo (independientemente de si fueron absueltas en última instancia) demuestren circunstancias extraordinarias antes de que se les conceda la libertad bajo fianza por un delito posterior.
Esto demuestra hasta qué punto los legisladores se han desviado de los derechos humanos fundamentales y de los principios de la justicia penal.
¿Qué pretenden hacer las leyes antiterroristas?
Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, los legisladores australianos podrían haber sido excusados de cualquier reacción exagerada sobre la base de que el país no tenía mucha experiencia histórica con el terrorismo o en la legislación en respuesta a esta amenaza.
En ese momento, no existían leyes antiterroristas específicas a nivel federal en Australia. Se trata, sin duda, de un importante descuido que hay que remediar.
Incluso hoy, más de 18 años después y con más de 80 leyes en vigor, es comprensible que los legisladores reaccionen a los ataques terroristas tratando de tomar medidas rápidas.
Una de las (pocas) desventajas de un sistema político democrático es que los parlamentarios son golpeados con toda la fuerza de la histeria pública sobre amenazas terroristas reales y percibidas. La manera más obvia para que el Parlamento aborde estos temores es a través de la promulgación de leyes.
Como dijo Roger Wilkins, exsecretario de la Fiscalía General de la Nación, en apoyo a las propuestas para fortalecer las leyes de órdenes de control después de los ataques terroristas de noviembre de 2015 en París: En una democracia moderna y liberal, eso es lo único que se puede hacer.
A pesar de las frecuentes afirmaciones en sentido contrario, no se trata sólo de un caso de oportunismo político por parte del partido gobernante. Las medidas tomadas por los legisladores son cruciales para restablecer la sensación de seguridad de la comunidad.
A hostage fleeing the Lindt Cafe siege in 2014 (AAP) Source: AAP
Debemos reconocer, sobre todo, que la responsabilidad recae en nuestros representantes electos para proteger la vida del pueblo australiano. Tienen la responsabilidad personal y profesional si se produce un acto terrorista que podría haberse evitado.
Es esto, al igual que cualquier otra cosa, lo que explica la rápida y bipartidista aprobación de tantas leyes en el Parlamento.
El terrorismo no puede ser derrotado sólo a través de las leyes
Dicho esto, es lamentable que los sucesivos gobiernos australianos de ambas partes parezcan haber aprendido poco en el transcurso de los últimos 18 años.
Las declaraciones realizadas después de cada ataque terrorista y, más recientemente, en respuesta a las preocupaciones sobre los combatientes terroristas extranjeros, han identificado el objetivo final como "desafiar" y "derrotar" al terrorismo.
Aunque declaraciones como ésta son claramente retóricas, lo que las sustenta es el hecho de que no se reconozca la permanencia del terrorismo.
El terrorismo en una forma u otra siempre ha existido, y siempre seguirá existiendo. Ni la legislación ni ninguna otra cosa podrá eliminar esta amenaza.
La idea de gestionar la amenaza del terrorismo, en el sentido de que un cierto grado de terrorismo es aceptable o, al menos, previsible, podría parecer políticamente desagradable. Sin embargo, la aceptación abierta de la permanencia del terrorismo significa que los legisladores ya no perseguirán -y el público ya no exigirá- el logro de un objetivo imposible.
A su vez, también facilitará una respuesta más proporcionada a los desafíos planteados por el fenómeno de los combatientes extranjeros y la amenaza del terrorismo en general.
Una mejor manera de avanzar
En un intento de eliminar el terrorismo, se han promulgado leyes que hacen que cada vez haya más intrusiones en la vida de las personas y restringen los derechos humanos para reducir los beneficios en términos de seguridad.
Algunos incluso han sugerido que estas leyes nos hacen menos seguros. En su presentación a la Comisión Parlamentaria Mixta de Inteligencia y Seguridad sobre la investigación de las leyes de despojo de la ciudadanía, la ASIO dijo que estas medidas podrían hacerlo: tienen resultados adversos no deseados o imprevistos en materia de seguridad, que pueden incluir la reducción de una manifestación de la amenaza terrorista y la exacerbación de otra.
Nunca será apropiado ni deseable que los gobiernos se queden de brazos cruzados y no tomen ninguna medida en respuesta a la amenaza del terrorismo. Pero lo que necesitamos es un cambio radical de enfoque.
Los programas de lucha contra el extremismo violento se han utilizado en Australia y otros países como otra herramienta para responder a las amenazas terroristas. En lugar de tratar estos programas como una opción de "copia de seguridad", como ocurre actualmente en Australia, deberían ser puestos en primer plano.
La lección crítica de los últimos 18 años es que debemos pensar de manera creativa sobre cómo combatir la amenaza del terrorismo, en lugar de reelaborar continuamente las estrategias existentes y, a menudo, que no han tenido éxito.
