Estados Unidos impuso este lunes sanciones a la fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua en respuesta "a la farsa" electoral y como "mensaje inequívoco" para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
Las sanciones son en represalia por "la farsa de elecciones nacionales orquestadas" por Ortega y Murillo y van dirigidas "contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales", señala el Tesoro en un comunicado.
Puntos destacados:
- El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno de Daniel Ortega.
- Estados Unidos acusa a los funcionarios sancionados de estar implicados en la represión de las manifestaciones pacíficas en 2018.
- Los nuevos castigos implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes en los Estados Unidos de las personas señaladas.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense acusa al Ministerio Público (fiscalía) de haber "arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua".
Estados Unidos lo sanciona por "ser responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos".
Cita concretamente la descalificación de la opositora Cristiana Chamorro.
Además, le sanciona por haber abierto investigaciones o presentado cargos contra los principales aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, todos ellos detenidos desde junio, así como por el arresto de casi 40 personas desde mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil y del sector privado, estudiantes y periodistas.
Las nuevas medidas se suman a las sanciones impuestas en 2019 por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Igualmente, este año su sucesor, Joe Biden, ya ordenó sanciones financieras contra otros funcionarios, y prohibió el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces de Nicaragua y sus familiares.
Biden calificó de "farsa" los comicios del 7 de noviembre y el secretario de Estado, Antony Blinken, ya había advertido que se estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos argumentando que el encarcelamiento de los opositores y el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos.
Además se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más de las personas sancionadas.
Estas medidas "no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento", apunta.
Entre los sancionados destacan el superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien ordenó a las entidades bancarias cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios, afirma Washington.
Además figuran el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarria Montenegro, el gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua, Rodolfo Francisco López Gutiérrez y el presidente del consejo de dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez.
Y la lista sigue: Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del exdictador libio Muamar Gadafi y actual embajador de Nicaragua ante Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Las sanciones alcanzan asimismo a varios alcaldes por la represión de las manifestaciones de 2018: Sadrach Zeledón Rocha, de la localidad de Matagalpa, Leónidas Centeno Rivera, de la de Jinotega, y Francisco Ramón Valenzuela Blandón, de Estelí.
Reino Unido se une a las sanciones a altos cargos nicaragüenses
Al mismo tiempo el Reino Unido se sumó a las sanciones contra ocho altos funcionarios nicaragüenses, entre ellos el vicepresidente del país y la primera dama, Rosario Murillo, tras las elecciones presidenciales "amañadas" del 7 de noviembre.
"El régimen de Ortega está negando al pueblo de Nicaragua sus derechos humanos básicos", dijo Wendy Morton, secretaria de Estado de Reino Unido para Europa y las Américas.
"Las recientes elecciones presidenciales fueron amañadas y los políticos de la oposición y los manifestantes pacíficos fueron encarcelados sistemáticamente con fines políticos", añadió en un comunicado.
La medida se tomó en coordinación con Estados Unidos y Canadá, subrayó Londres, que está trabajando en otras acciones coordinadas con estos países, así como con la Unión Europea.
Daniel Ortega fue reelegido el 7 de noviembre para un cuarto mandato de cinco años en una votación sin oposición, tras el encarcelamiento o el exilio de sus principales rivales.
