Tras dos semanas de deliberaciones, un tribunal penal de la localidad amazónica de Puyo (centro del país) resolvió aceptar una acción de protección planteada por los wao de la provincia de Pastaza ante la pretensión del gobierno de abrir unas 180.000 hectáreas de su territorio a la explotación de petróleo.
Los jueces, liderados por la magistrada Pilar Araujo, determinaron en primera instancia que existió la violación al derecho constitucional a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus tierras, constató la AFP.
Como medida de reparación, la corte dispuso que el Estado realice una nueva consulta aplicando estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José.
El fallo puede ser apelado por los demandados, los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de Ambiente, así como por la Procuraduría (abogado del Estado), lo que deberá ser resuelto por la Corte de Pastaza (cuya capital es Puyo).
El gobierno asegura tener luz verde para llamar a las petroleras a la licitación del denominado bloque 22 gracias a una consulta realizada en 2012. Sin embargo, los nativos sostienen que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.
El estado "no consultó, solamente hizo una mera visita, una mera socialización de media hora (...) donde era imposible que pueda llegar, a través de un procedimiento culturalmente adecuado, a cada una de las personas que acudieron a esa socialización", expresó a la AFP la abogada Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo en Pastaza, que apoyó la demanda.
Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.
- Significativo precedente -
Hace un mes, el Consejo Waorani de Pastaza (Conconawep) presentó la acción de protección para que se excluya parte del territorio wao de una futura licitación. Para ellos están en juego 180.000 hectáreas que representan menos del 1% de la superficie de Ecuador.
El bloque 22, para el que la argentina Tecpetrol desistió de presentar una oferta debido a falta de reservas de crudo como para afrontar el riesgo de las inversiones, "actualmente no se encuentra en proyectos de ser licitado", indicó el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a raíz de la demanda.
Con gritos como "viva la resistencia waorani" y "viva la lucha de los pueblos" festejó la sentencia judicial a su favor una centena de indígenas, que durante las seis horas de la audiencia permaneció fuera de la sala con sus rostros pintados de rojo en señal de guerra, lanzas y penachos de plumas.
Aunque podrá apelar el fallo, el Estado corre el riesgo de que esta sentencia histórica detone un conflicto con otros pueblos indígenas que también han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a sus tierras, tras lo cual han mostrado inconformidad.
La resolución judicial "ha generado un precedente significativo para la Amazonía", declaró Lina María Espinosa, abogada de los demandantes, al celebrar la sentencia en las afueras de la corte de Puyo.
Agregó que "hoy el estado ecuatoriano no podrá ni concesionar ni licitar ni entregar el bloque 22 ni ningún otro bloque porque se ha demostrado que no hubo consulta y que el estado violó los derechos de este pueblo y por ende de otros pueblos".
Los waorani, que marcharon por las calles de Puyo celebrando el triunfo que les permitiría mantener lo que consideran el último rincón de su territorio que conserva su estado original, dejaron sentada su indeclinable posición de evitar la entrada de los "kowori" (extraños en la lengua nativa wao terere) a sus tierras.
"La selva no se vende, la selva se defiende" y "sí al agua, no al petróleo", corearon de manera insistente.
SP/gm
© Agence France-Presse
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