"Trabajan para mí todo el día y toda la noche", dice sonriente Antonio Zamora en su invernadero en el sur de España sobre sus empleados invisibles al ojo humano: insectos microscópicos a cargo de devorar los parásitos que amenazan sus vegetales.
Hace más de diez años el agricultor abandonó el traje utilizado para rociar insecticidas y empezó a depositar en la base de las plantas pequeños sobres rellenos con ácaros, que atacan a los parásitos sin dañar la cosecha.
Posee dos hectáreas en pleno "mar de plástico", unas 30 mil hectáreas de cultivos de invernadero en Andalucía, España, emblema de una agricultura industrial cada vez más cuestionada.
Bajo el reluciente mosaico de cobertores plásticos blancos visible desde el espacio y colindante con el mar Mediterráneo en la provincia de Almería, crecen todo el año tomates, pepinos, calabacines, pimientos y berenjenas que surten los supermercados europeos.
Desde la provincia, se exportaron 2,5 toneladas en 2018, la mitad de las hortalizas que España vende en el exterior.
Como Zamora, todos los productores de pimientos en Almería reemplazaron en 2007 los insecticidas por el "control biológico". En cuanto a tomates y pepinos, un 60% de los productores se unieron y 25% en el caso de los calabacines, según la asociación del gremio Coexphal.
El consumo de insecticidas cayó un 40% desde 2007 en Almería, según las autoridades.
Cambiar de rumbo
Los insecticidas reinaban desde la década de los años 1960, pero la resistencia de las plagas a los pesticidas y la presión de los consumidores europeos trajo el cambio.
"Nos vemos obligados a cambiar de rumbo. En el pasado, (hubo) un uso de productos fitosanitarios exagerado", reconoce Jan van der Blom, experto en biocontrol de Coexphal.
Encarnación Samblas, de la asociación Ecologistas en Acción, valora "muy positivamente el cambio". "En muchos casos, la disminución es muy drástica en el cómputo global de uso de productos químicos" y estos son "mucho más suaves", señala.
El atractivo de este nuevo mercado es patente: el francés InVivoacaba de inaugurar en la zona la "biofábrica" Bioline Iberia, que producirá 100 billones de insectos este año, con una inversión de 15 millones de euros.
En salas herméticamente cerradas parea controlar la temperatura y la humedad, los empleados crían cuatro especies de ácaros, que serán vendidos en la región, Portugal y Marruecos.
Media docena de estas fábricas se han instalado en los últimos años en la región y una treintena de empresas comercializan los insectos, a precios cada vez más bajos. Las subvenciones regionales y europeas han permitido adaptar las soluciones a los parásitos locales.
"España se puede considerar como la zona más importante de Europa y quizás la más grande del mundo a nivel de implementación de control biológico", estima Federico García, director comercial de Bioline Iberia.
Químicos aún presentes
En invernaderos en las laderas de colinas rocosas, Antonio Zamora busca también mejorar la calidad del suelo, enriqueciéndolo con plantas marchitas. Además, planta arbustos para favorecer la biodiversidad.
De todas maneras, los productos químicos están lejos de haber sido erradicados. Muchos fungicidas siguen siendo utilizados y los suelos son desinfectados, indica Samblas.
"Los agricultores siguen usando productos químicos de un modo no muy racional. Porque se los venden, porque se los recomiendan, y muchas veces ni siquiera saben por qué, cuál es el problema que tienen, los usan por rutina", dice.
Incluso los invernaderos ecológicos -que representa unas 2 mil hectáreas certificadas o en transformación- a menudo descuidan los suelos o la biodiversidad, sobre todo porque la reglamentación europea en la materia es vaga, se lamenta Samblas.
La expansión de los cultivos pone bajo presión los recursos hídricos en esta zona árida y el plástico de los viejos invernaderos suele terminar en el mar.
La eficacia del control biológico se ve afectada por la producción intensiva, ya que la ausencia de interrupciones estacionales favorece la proliferación de los parásitos, señala el agrónomo José Manuel Torres.
La región entera debería parar en verano, a juicio de Torres, consciente no obstante de la dificultad de lograrlo en una provincia donde la agricultura, con 120.000 empleos, representa el 20% del PIB.
