Un informe parlamentario bipartidista ha respaldado las peticiones de una revisión de la financiación de los servicios de primera línea contra la violencia doméstica, incluyendo un mayor apoyo para combatir el problema en las comunidades culturalmente diversas e indígenas.
El informe, presentado el jueves, se creó para examinar la respuesta de los gobiernos y la comunidad a la hora de abordar la violencia contra las mujeres y los niños.
El informe formula 88 recomendaciones, todas ellas apoyadas por los miembros de la coalición y los laboristas de la comisión, los que abarcan una amplia gama de cuestiones relacionadas con la prestación de servicios.
En dicho reporte se exponen una serie de insuficiencias que podrían abordarse para mejorar el marco actual de la respuesta nacional a la violencia doméstica.
El presidente de la comisión, el diputado liberal Andrew Wallace, afirmó que abordar la violencia familiar, doméstica y sexual "sigue siendo un reto urgente".
"Está claro que no es por falta de intentos que, como nación, no hemos reducido estas espeluznantes estadísticas que ven la muerte de una mujer de media cada ocho días a manos de su pareja o ex pareja", dijo el parlamentario.
Como nación podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor.
También se espera que las conclusiones del informe sirvan de base para el próximo plan de acción nacional del gobierno federal para reducir la violencia contra las mujeres y los niños, que se espera que comience en 2022.
Las recomendaciones incluyen el reconocimiento de la necesidad de una mayor financiación para los servicios de violencia doméstica y una mayor seguridad en torno a esa financiación.
El enfoque implicaría vincular la financiación de los servicios de primera línea a acuerdos de un mínimo de cinco años que, según el informe. También se indicó que esta financiación debería dividirse a mitades entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y territoriales.
La falta de seguridad en la financiación fue planteada por los servicios de primera línea que prestaron declaración en la investigación, que comenzó en junio del año pasado.
El informe también pide que la financiación de los servicios de violencia doméstica esté vinculada a mecanismos de información adecuados para controlar mejor su eficacia.
Según el informe, la mejora de la respuesta a la violencia doméstica depende de un enfoque más uniforme en todos los gobiernos para abordar tanto la diversidad de las formas de abuso como también la atención a las víctimas.
También se piden cambios para reducir el índice de violencia doméstica en las comunidades indígenas, culturalmente diversas y LGBTQI.
Para ello, se recomiendan programas de concienciación culturalmente específicos para los indígenas, incluso para la policía, con el fin de mejorar la comprensión de los retos a los que se enfrentan estas comunidades.
Según el informe, el próximo plan de acción nacional debería incluir más a las personas de origen cultural y lingüístico diverso.
Esto podría lograrse mediante una educación más apropiada desde el punto de vista cultural y recursos financiados específicamente para ayudar a las organizaciones multiculturales.
También sugiere posibles cambios en la legislación sobre inmigración para proteger a las víctimas de la violencia familiar de sufrir cancelaciones "consecuentes" de visados como resultado de relaciones abusivas.
El informe también recomienda la creación de un nuevo comisario nacional independiente que supervise el próximo plan de acción nacional.
También se pide una campaña de concienciación pública específica sobre el comportamiento coercitivo y controlador como forma de abuso.
La publicación del informe se produce después de que las protestas nacionales del mes pasado pusieran en evidencia la débil respuesta del gobierno federal a la preocupación por el trato a las mujeres y la violencia de género en Australia.
La pandemia de coronavirus ha exacerbado el problema, y las autoridades han informado de un aumento de los incidentes de violencia doméstica.
A pesar de que el gobierno federal ha prometido $150 millones de dólares adicionales para combatir la amenaza, los proveedores de servicios han expresado su preocupación ante las dificultades para satisfacer la demanda de ayuda.
La investigación se inició a raíz del asesinato, en febrero de 2020, de la mujer de Brisbane Hannah Clarke y sus tres hijos, Aaliyah, Laianah y Trey, a manos del esposo de Clarke, del que estaba separada.
La diputada laborista, Jenny McAllister, dijo que responder al informe y poner en práctica sus recomendaciones sería una prueba crucial para el gobierno.
"Las pruebas obtenidas por esta investigación son inequívocas: la magnitud del problema es mayor que los recursos o la determinación que el gobierno australiano ha aplicado hasta la fecha", dijo la diputada laborista.
Morrison anunció $328 millones de dólares para desplegar medidas contra la violencia familiar en 2019, como parte del actual plan de acción nacional contra la violencia doméstica.
El gobierno también ha prometido tomar medidas en respuesta a una revisión de la cultura del lugar de trabajo de Australia llevada a cabo por la Comisaria de Discriminación Sexual, Kate Jenkins.
Si tú o alguien que conoces ha sufrido abusos o violencia doméstica, llama a 1800RESPECT al 1800 737 732 o visita . Si es una emergencia, llama al 000.
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