Un grupo de relatores de la ONU alertó al Gobierno de Australia que la propuesta para endurecer las leyes sobre la seguridad nacional y discreción puede atentar contra la libertad de expresión.
La propuesta legislativa referida a la seguridad nacional incrementaría las sanciones de hasta 20 años contra cualquier persona que comunica o gestiona información que potencialmente "cause daño a los intereses australianos" en los casos en que ésta se obtenga sin autorización a través de un funcionario.
Tras protestas de varios sectores, el fiscal general, Christian Porter, anunció a principios de mes que el Gobierno trabajará en un nuevo borrador de esta propuesta para que los periodistas tengan la oportunidad de probar que revelaron asuntos vinculados al "interés público".
En un documento presentado ante un comité parlamentario que analiza la propuesta de ley, los relatores de la ONU, dijeron que se corre el peligro de "relajar de forma desproporcionada" el trabajo periodísticos y exponer a los defensores de los derechos humanos, activistas y académicos a "draconianas sanciones criminales".
La propuesta, que pretende mitigar la influencia de gobiernos extranjeros, además puede ser "inconsistente" con el artículo 19 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos y los estándares internacionales sobre derechos humanos, según la edición australiana del diario The Guardian del martes.
Los relatores especiales señalaron el peligro del efecto acumulativo de las restricciones y la ausencia de una defensa apropiada pueda restringir significativamente la revelación de información gubernamental que es de interés público, especialmente para evitar el escrutinio público del fraude, despilfarro y abuso.
Asimismo se sancionaría solamente a aquellos funcionarios que revelen información peligrosa dañina a los intereses nacionales, según un nuevo diseño del proyecto legislativo.
El documento fue suscrito por los relatores especiales David Kaye, encargado de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Fionnuala D. Ní Aoláin, responsable de la promoción y protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; así como Michel Forst, a cargo de la situación de los defensores de los derechos humanos.
El documento indica que especialmente los relatores están "gravemente preocupados porque la ley puede imponer sanciones criminales draconianas al acceso de la información y la expresión, lo que es central en el debate público y la responsabilidad en las sociedades democráticas".
"Por ejemplo, varias ofensas contempladas en el proyecto no solo criminalizarán el revelar la información del gobierno en virtud del interés público, sino que también expone a los periodistas, activistas y académicos que reciben esta información a ser responsabilizados penalmente", agregó el texto.
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