La Fiscalía de Bolivia pidió este domingo seis meses de cárcel preventiva para la expresidenta derechista Jeanine Áñez, por un caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, mientras organismos internacionales piden un proceso transparente.
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros, el de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, los tres denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
Tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación "de medidas cautelares consistente en la detención preventiva [...] por el tiempo de seis meses" en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado este domingo.
Puntos destacados:
- Jeanine Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni.
- La ONU pide que se respeten "las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos".
- La oposición de derecha y centro niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 km noreste de La Paz, donde residía.
En este operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a los dos exministros y fueron trasladados en avión a La Paz el sábado de madrugada.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones locales.
La imputación formal de la Fiscalía precisa que Áñez y sus dos ministros deben ser detenidos de manera preventiva por seis meses, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en este caso.
El documento señala que estas detenciones se enmarcan en una supuesta conspiración para llevar a cabo "un presunto golpe de Estado" desde el 21 de octubre de 2019, tres días después de las elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en favor del expresidente izquierdista Evo Morales, que luego de 14 años en el poder buscaba un cuarto mandato.
Organismos internacionales piden respetar las garantías de los detenidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA dijo en Twitter que "urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial".
Explicó que emitía su posición "ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones", realizadas desde el viernes en la noche.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten "las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos", según un comunicado de su portavoz.
La Unión Europea calificó de "preocupantes" los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que "las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes".
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado "la inmediata puesta en libertad de los detenidos". Los obispos dijeron que no pueden "permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia".
La oposición de derecha y centro niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de un supuesto fraude.
Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
Evo: ¿sucesión constitucional?
Áñez asumió la presidencia tras la dimisión de Morales y ahora exige un juicio de responsabilidades o de privilegio; que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia.
Morales respondió desde Twitter que "no se puede hablar de sucesión constitucional [..] cuando se ha violado" la Constitución y dijo Áñez "se autodesignó presidenta".
En la misma línea el ministro de Justicia, Iván Lima dijo que a ella le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
Este domingo fue detenido un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno sindica de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en 2019.
