PUNTOS DESTACADOS:
- El derecho de los medios a informar lo que ocurre en las cortes de Australia es una parte fundamental de la democracia.
- “Presunto” es un término que los medios suelen utilizar para indicar que alguien es sospechoso de participar en una conducta particular.
- Hay dos áreas que se deben tener en cuenta cuando se publica material sobre personas que pueden haber cometido una mala conducta o una actividad delictiva: difamación y desacato al tribunal.
Ya sea que veas, leas o escuches cualquier cobertura mediática sobre procedimientos judiciales notarás que términos como “presunto”, “supuesto”, “presuntamente”, “presumiblemente” y otros por el estilo están dispersos por todas partes.
La fuerte presencia de estas palabras ha generado críticas, las cuales cuestionan si los medios son justos y equilibrados a la hora de utilizarlas. Pero estos términos tienen un papel crucial cuando se informa sobre procedimientos judiciales. Al usarlos se está respetando el sistema judicial; se evita emitir juicios sobre los involucrados en los casos o influir en un jurado; y se protege a los periodistas, los medios de comunicación, las fuentes y al público.
El derecho de los medios a informar lo que ocurre en un tribunal es una parte fundamental de la democracia. Y haciendo uso de términos como "presunto" en los reportes de prensa se respeta ese derecho.
¿Qué significa "presunto"?
“Presunto” es un término que los medios de comunicación suelen utilizar para "indicar que alguien es sospechoso de participar en una conducta determinada", según comenta el director del Centro de Derecho de Medios y Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, profesor asociado Jason Bosland.
Pero este término no se limita a la conducta delictiva o la mala conducta.
"Se utiliza a menudo cuando alguien es acusado... y se usa para indicar que es sospechoso", explica a SBS Examines.
"Este incluso podría indicar que hay motivos razonables para sospechar que la persona ha realizado un acto en particular, pero que no ha sido confirmada ni declarada culpable".
Los medios son cautelosos a la hora de dar a entender o afirmar como un hecho que una persona ha perpetrado una conducta determinada. Puede haber graves consecuencias penales y financieras para los periodistas y las organizaciones de medios que lo hagan.
"Hay dos áreas en juego cuando se publica material sobre personas que pueden haber incurrido en conductas indebidas o actividades delictivas: la difamación y el desacato al tribunal", detalla el profesor adjunto Bosland.
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Desacato al tribunal
"[El desacato a la corte] tiene como objetivo proteger el derecho de una persona a un juicio justo y no perjudicar el juicio", precisa el académico.
"Corresponde al juez o al jurado determinar la culpabilidad o inocencia.
"Si los medios de comunicación publican que alguien ha cometido un delito cuando no ha sido juzgado por ese delito, en realidad podrían interferir con el proceso de razonamiento del jurado".
En el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur, el desacato al tribunal puede incluir contactar a los miembros del jurado e interferir con los testigos o los funcionarios del tribunal.
Aquellos que están en desacato pueden ser remitidos al Departamento de Procesamientos Públicos o al protonotario del tribunal, un funcionario judicial que puede actuar como fiscal en los procedimientos por desacato.
"Entonces se enfrentarían a lo que es esencialmente un juicio penal por un delito penal y se les podrían imponer sanciones penales por publicar eso", expone el profesor adjunto Bosland.
Las sanciones a los periodistas pueden incluir multas o penas de prisión.
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Difamación
La difamación es el acto de "publicar algo que degradaría a alguien en la estimación de los demás", según el profesor adjunto Bosland.
"Cuando alguien es acusado, se puede publicar que presuntamente ha cometido fraude o que la policía alega que ha cometido fraude y que está a punto de enfrentar un proceso judicial", explica.
"Por ejemplo, decir que alguien ha cometido un fraude y publicarlo de esa manera satisfaría lo que se conoce como la causa de acción por difamación".
El catedrático afirma que utilizar "presunto" en este caso proporcionaría al periodista la defensa de la verdad. La defensa de la verdad es una de las muchas defensas contra una demanda por difamación, incluida la opinión honesta, el interés público y la trivialidad.
La defensa de la verdad también se puede utilizar cuando se informa sobre procedimientos iniciales.
Bosland señala que la defensa de la verdad opera a "favor de los medios de comunicación".
"La razón por la que se utilizaría la expresión 'el presunto autor del fraude' en lugar de decir que alguien ha hecho estas cosas y, por lo tanto, es culpable de fraude es para garantizar que se tiene la defensa de la verdad", puntualiza.
La defensa de la verdad también puede proteger a los periodistas que han publicado reportajes de investigación, antes de que se presenten cargos o antes de que se dicte una condena.
"Si eres un periodista de investigación, y tienes toda la evidencia que apunta a que alguien ha cometido fraude y quieres publicarla como una denuncia mediática... lo que haces es publicar todas esas pruebas y todo lo que has recopilado junto con la acusación de que alguien 'presuntamente ha cometido fraude'", dice el profesor adjunto Bosland.
Personal de los medios mientras Lisa Wilkinson habla con la prensa afuera del Tribunal Federal de Australia en Sídney después de ganar la demanda por difamación presentada contra Network 10. Credit: Bianca De Marchi/AAP Image
El profesor adjunto Bosland señala que si bien es una "distinción sutil, es importante" porque podría proporcionarle a un periodista la defensa del interés público.
Si no se hace la distinción, el periodista podría verse expuesto a responsabilidades si se le acusa de difamación por no ejercer un "periodismo responsable".
"Se ha hecho una acusación de que alguien ha cometido fraude. Pero es posible que sus pruebas no lleven racionalmente a esa conclusión", explica.
"Puede que baste con señalar en esa dirección, de modo que si eso es todo lo que está diciendo, es más probable que lo consideren un periodista responsable y que tenga a su disposición la defensa del periodismo responsable".
Si bien algunos pueden acusar a los periodistas de no brindar una información justa e imparcial en los procedimientos judiciales, existen responsabilidades legales y éticas que los miembros de los medios deben cumplir para limitar el riesgo de consecuencias legales.
El uso de la palabra "presunto" en un informe de prensa no significa que un periodista esté a favor del acusado o demandante, sino que está respetando el proceso penal y protegiéndose no solo a sí mismo y a su medio de comunicación, sino también a sus fuentes y a todos los involucrados en la historia.
Por otra parte, a los periodistas que son declarados culpables de desacato al tribunal pueden ser objeto de sanciones penales. Aquellos que hayan difamado son personalmente responsables, al igual que el medio de comunicación que publicó el contenido. Ambas partes pueden ser responsables de pagar daños y perjuicios a la persona o institución a la que difamaron.
También hay casos de daños agravados.
"Son daños que se pagan al demandante cuando el acusado, en este caso un periodista, ha incurrido en una conducta que ha exacerbado el daño que se le ha causado a la persona", puntualiza el profesor adjunto Bosland.
La importancia en la democracia de la cobertura mediática en la corte
Si bien hay muchos trámites burocráticos para los periodistas que se dedican a la cobertura de la fuente judicial, el profesor adjunto Bosland se mantiene firme en que, tanto los medios como el tribunal han construido un sistema honesto que se respeta mutuamente.
"Puedes publicar lo que quieras cuando se trata de informar sobre un caso judicial, cualquier cosa que haya sido revelada ante un tribunal en la mayoría de los casos, con algunas excepciones. Pero si estás proporcionando un reporte justo y preciso de lo que se alega que sucedió... entonces eso está bien", señala.
"La ley busca equilibrarlo preguntando no tanto si se ha utilizado el término "presunto" en ese contexto, sino si se ha proporcionado o no un informe justo y preciso de lo que está sucediendo en la sala".
El experto afirma que la información justa y precisa sobre lo que se trata en el tribunal es un elemento crucial para generar la confianza de una nación no sólo en los tribunales, sino en la democracia en su conjunto.
"Esto no es sólo en beneficio de los medios de comunicación, sino también en beneficio de los tribunales. Los tribunales tienen un interés real en garantizar que los medios de comunicación puedan informar sobre lo que está sucediendo en el tribunal porque eso da legitimidad al proceso", asegura.
"La capacidad de los medios de comunicación para informar sobre los tribunales es fundamental porque genera cierta confianza que el público tiene en el sistema legal. Las cosas no suceden a puertas cerradas y los medios de comunicación son libres de informar sobre ellas.
"Es importante tener en cuenta que estas reglas, sobre lo que se puede informar y lo que no... deben estar dirigidas a fomentar la confianza en el sistema judicial".
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