PUNTOS DESTACADOS:
- Hoy se presentó el informe final de la comisión real sobre Robodebt.
- Recomienda cargos penales contra algunas personas involucradas en el plan.
- Se extrajeron indebidamente unos 721 millones de dólares de unas 381.000 personas en el marco del esquema, que se desarrolló entre 2015 y 2020.
La comisión real que investiga el plan ilegal Robodebt ha criticado el esquema y lo tildó de "crudo y cruel" . La comisión recomendó cargos penales y civiles contra las personas involucradas.
En un informe abrasador publicado el viernes, la comisión real dijo que el esquema "traumatizó (a las personas) ante la remota posibilidad de que pudieran deber dinero" y dijo que debería haberse desmantelado o cambiado drásticamente cuando su "probable ilegalidad" quedó clara en 2017.
El informe no nombra a las personas que ha recomendado que enfrenten cargos, en un aparente intento de evitar perjudicar futuros juicios penales.
El esquema, implementado por el anterior gobierno de la coalición, exigía que las víctimas pagaran deudas que no debían, luego de identificarlas erróneamente a través de un sistema automatizado. recomendará el procesamiento penal de las personas involucradas en el controvertido sistema de cobro de deudas, aunque sus nombres permanecerán privados por ahora.
El esquema de recuperar deudas, implementado por el antiguo gobierno de la coalición, exigía a las víctimas pagar por deudas que nunca incurrieron, tras identificarlas erróneamente mediante el sistema automatizado.
El viernes por la mañana, la comisionada de la investigación Catherine Holmes entregó al gobernador general David Hurley el informe de 990 páginas, tras un año de audiencias públicas.
En una declaración publicada poco después, Holmes reveló que el documento incluía 57 recomendaciones, diciendo: "También hay un capítulo sellado adicional que no forma parte del informe y que recomienda la remisión de personas para su enjuiciamiento civil y penal".
La Comisionada Real Catherine Holmes entrega su informe al Gobernador General David Hurley en la Casa de Gobierno en Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas
El informe dice que la "probable ilegalidad y crueldad del esquema se hizo evidente" en 2017.
"Entonces debería haberse abandonado o revisado drásticamente, y se habría evitado miseria y enorme cantidad de dificultades, incluido el gasto que el gobierno estaba tan ansioso por minimizar", dijo.
En el marco de este plan, que comenzó en 2015 y que fue desmantelado en 2020, se sustrajeron ilícitamente unos $721 millones a unas 381.000 personas.
El ministro de Servicios Gubernamentales, Bill Shorten, lo calificó como "el mayor fracaso de la administración pública de Australia en materia de seguridad social".
¿Qué pasó en la investigación de la comisión real sobre Robodebt?
El Partido Laborista prometió convocar una investigación antes de las elecciones de 2022 y poco después de ganar anunció una comisión real.
El propósito de la comisión real era investigar cómo se había llevado a cabo el plan, a pesar de que los departamentos gubernamentales sabían que el método de calcular las deudas era ilegal, por lo que surgieron dudas desde el principio.
La investigación contó con la participación de los exprimeros ministros Scott Morrison y Malcolm Turnbull y de los exministros Alan Tudge, Christian Porter y Stuart Robert.
A Morrison se le advirtió que el plan Robodebt era ilegal a menos que se introduzca cambios legales importantes, pero su departamento siguió adelante con el programa, sabiendo que perdería validez en los tribunales, según la investigación.
Robert dijo que fue forzado a seguir defendiendo Robodebt públicamente, a pesar de que personalmente creía que la forma en que se calculaba el promedio de las deudas era incorrecta.
Las víctimas del plan hablaron de su continua ansiedad tras su experiencia y de la agresividad con la que los departamentos gubernamentales perseguían las deudas.
Una jubilada describió su "terror absoluto" cuando le dijeron que tenía menos de un mes para pagar $ 65.000 al Commonwealth, pero descubrió que la advertencia era incorrecta.
Otra víctima dijo que había pensado en autolesionarse después de que se le ordenara pagar un dinero que "no tenía posibilidades" de devolver.
La investigación se encontró con varios obstáculos durante las audiencias, y en un momento dado la comisionada Catherine Holmes criticó el enfoque "destartalado" del personal de Services Australia a la hora de proporcionar documentos.
¿Qué revelará el informe final de la comisión real sobre Robodebt?
La comisión estuvo dirigida por Holmes, la expresidente del Tribunal Supremo de Queensland que supervisó la investigación sobre las inundaciones de Queensland de 2011-12.
Se espera que su informe final revele exactamente quién fue el responsable del plan y si hubo encubrimientos.
Todo depende de quién sabía qué y cuándo.
"Todo el mundo dice que en realidad fue obra de otra persona y es un poco difícil averiguar quién fue", dijo Holmes en una audiencia celebrada en febrero.
La comisionada sugirió que los funcionarios públicos podrían haber confabulado planes para impulsar Robodebt sabiendo que era ilegal, aunque también especuló que los trabajadores de uno de los dos departamentos involucrados podrían haber sido deshonestos entre ellos.
Felicity de Somerville afirma que sería un acto de "autosabotaje" si el gobierno ignora el informe de la comisión real sobre Robodebt.
En 2017, una agencia a cargo de recaudar deudas retiró $11.500 de la cuenta bancaria de esta madre de 35 años, mientras estaba en un plan de pago por una deuda que incurrió mediante Robodebt, pero no recibió correspondencia de esta transacción por parte de Services Australia.
"El gobierno debería implementar todas las recomendaciones... Tiene que ser muy ingenuo y autosaboteador si no lo hace", dijo a la AAP.
De Somerville dijo que la reforma de Centrelink y del departamento, sería una indicación de que el gobierno no volverá a permitir que se cometa un "error tan grave".
"No quiero una disculpa vacía de personas que lo hacen para salvar su reputación públicamente", dijo.
¿Qué pasó antes?
Se han llevado a cabo numerosas investigaciones e indagaciones sobre el plan desde su introducción, y el Defensor del Pueblo del Commonwealth encontró varios problemas en 2017.
En 2020, el gobierno accedió a resolver una demanda colectiva interpuesta por 400.000 víctimas y pagó $112 millones en concepto de indemnización, además de los reembolsos ya existentes.
El Tribunal Federal había determinado que el plan era ilegal y que Centrelink no podía comprobar si las deudas eran realmente correctas.
En junio de 2021, el juez Brendan Murphy aprobó un acuerdo por valor de $ 1.800 millones y describió el programa como un "capítulo vergonzoso" del sistema de seguridad social de Australia.
En octubre del año pasado, casi 200.000 personas que habían pasado años luchando para saldar deudas sociales que no tenían pendientes vieron anuladas sus investigaciones en curso con Centrelink.
A unas 124.000 personas se les informó que estaban siendo investigadas por sobrepagos de seguridad social, mientras que a otras 73.000 nunca se les informó de que estaban siendo investigadas por posibles deudas.
Con informes adicionales de la AAP.