Luego de horas de registros, oficiales de la Policía Federal Australiana (AFP), salieron de la residencia del exconsejero de Defensa, Cameron Gill, en Camberra cargados con bolsas de evidencia.
Gill, esposo de la embajadora de Australia en Irak, Joanne Loundes, ha trabajado como consejero en varios ministerios en los últimos años, y servido bajo los ministros liberales Marise Payne y Mal Brough.
El registro a la vivienda de Cameron Gill se da después de una serie de registros polémicos realizados en junio pasado a la vivienda de la editora política de News Corp, Annika Smethurst, y de la ABC en Sídney, luego de que éstos publicaran informes con base en documentos filtrados.
Sin bien aún se desconoce si existe alguna relación entre ésta última operación y el allanamiento a periodistas y medios, hay quienes especulan que podría haberla. Aunque no estén relacionadas, hay voces que alertan que la frecuencia con que estas operaciones están ocurriendo tienen un efecto adverso a la democracia.
Recordemos que las redadas a Annika Smethurst y la ABC provocaron que posteriormente se realizara una investigación parlamentaria sobre la libertad de prensa en Australia. Allí, el director de noticias e investigaciones de la ABC, Gaven Morris, habló sobre el efecto escalofriante que tienen estas redadas sobre las fuentes de los periodistas.
“Con más obstáculos en su camino, con más miedo por las consecuencias que pueden enfrentar si hablan, menos hablarán. Y ese es el efecto escalofriante más profundo que estamos viendo en este momento. Desde las redadas de AFP, ya hemos tenido fuentes que se han retirado diciendo que ya no querían estar involucradas porque ya no valía la pena el riesgo para ellos, y a veces pienso que eso es lo que las autoridades quieren, que hayan menos denuncias y menos revelaciones y menos información que salga detrás de la cortina de confidencialidad del gobierno", se quejó Morris.
El día después del allanamiento a la casa de Gill, el senador de Centre Alliance, Rex Patrick, dijo en entrevista a la ABC que el gobierno y la APF deben explicar sus acciones, porque los registros son de interés público.
Hay un gran interés público en los registros a los medios. La Policía ha estado preparada para decir que esta operación no está relacionada a ninguna amenaza inminente, así que han descartado varias cosas, así que están en la posición de descartar o no si tienen relación a los registros a los medios.
“También debemos recordar que actualmente hay dos investigaciones parlamentarias sobre la libertad de prensa y sería adecuado que la Policía lo descarte o que le diga al público que hay una relación”, dijo.
Patrick también cuestionó la concentración del poder, el financiamiento y la falta de transparencia con que están operando los servicios de inteligencia australianos, y recalcó que esto debe ser investigado por el gobierno.
Por su parte, altos funcionarios de las agencias de inteligencia australianas han defendido repetidamente sus actos alegando que sus acciones se basan en el principio de protección de la seguridad nacional del país.
El mismo día de la operación, el director general de ASIO, Duncan Lewis, manifestó que la injerencia extranjera y el espionaje son las amenazas más urgentes que atañen a Australia en este momento.
Lewis, quién este mes estará entregando el cargo a Mike Burgess, después de cinco años a la cabeza de ASIO, apuntó que la agencia de inteligencia australiana estaba enfocada en tres aspectos: la interferencia foránea y el espionaje, el terrorismo y la seguridad en línea.
"A diferencia de la inmediatez de los incidentes de terrorismo, el daño de los actos de espionaje puede no presentarse durante años, o incluso décadas. Este tipo de actividades suelen ser tranquilas, insidiosas y tienen una larga cola", manifestó.
Sin embargo, más allá de la libertad de prensa, las acciones de ASIO y Lewis han sido cuestionadas reiteradamente en el marco de un gobierno que cada vez tiene mayores poderes en materia de seguridad.
Tras los registros a la prensa en junio pasado, el presidente del Consejo Australiano Legal, Arthur Moses enfatizó que “imponer leyes en nombre de la seguridad nacional sin someterlas a una prueba puede resultar en un exceso y la erosión de las libertades básicas”.
Asimismo añadió que “la divulgación por parte de los medios de la información clasificada solo debe ser penalizada si se prueba que supone un daño real a la seguridad nacional” y no porque pone en evidencia o avergüence al gobierno.
Escucha el informe completo más arriba.
