Grupos en defensa de los derechos de la mujer han tomado repetidamente las calles en España durante los últimos años, en protesta por sentencias dictadas contra delitos sexuales consideradas insuficientes.
Ante el clamor popular, el gobierno se comprometió a revisar el Código Penal y en 2018 creó una comisión de expertos para sugerir cambios a la ley.
Las conclusiones de la comisión aconsejan que desaparezca el delito de abuso sexual para considerarlos todos “agresiones sexuales” al no existir consentimiento de las víctimas y “violación” en los casos en los que exista penetración sin consentimiento de la víctima. Esto significa penas más duras para los agresores.
El letrado Germán Otero dice que la ley debe cambiar para que haya justicia.
“Tiene que haber un cambio en el Código Penal, porque yo entiendo por un lado que los jueces de alguna u otra manera implementan la jurisdicción y la jurisprudencia como es, y por lo tanto queremos una ley donde (haya consentimiento y) sólo sí sea sí”.
No está muy claro si están aumentando el número de violaciones en grupo, pero al menos se están conociendo más casos.
Protesters rally after a court ordered the release on bail of five men sentenced to nine years prison for sexually abusing a young woman in Spain. Source: AFP
Aunque no hay estadísticas oficiales, los datos que han recogido organizaciones sociales en España, cifran en 104 las agresiones múltiples perpetradas desde 2016 hasta marzo de 2019: 17 agresiones en 2016, 14 en 2017, 59 en 2018 y 14 en los tres primeros meses de 2019.
Sin embargo, la ley no ha sido modificada desde que se anunció su revisión en el 2018 y nuevas sentencias por agresión sexual consideradas injustas, siguen despertando la ira popular.
El caso de la violación a una menor de 14 años en Manresa, Barcelona, sacó a las calles de 40 ciudades a principios de noviembre a miles de personas que protestaron por una justicia injusta.
Cinco hombres acusados de violar en grupo a una joven de 14 años que estaba inconsciente, fueron sentenciados a entre 10 y 12 años de cárcel por un delito menor de abuso sexual pero no de agresión sexual o de violación.
El tribunal determinó que los agresores no usaron la violencia ya que la víctima no ofreció resistencia porque había bebido alcohol y fumado marihuana. Por este motivo, el delito no se consideró violación.
El precedente de “La Manada”
En 2016 un grupo de cinco hombres agredió sexualmente a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín, en Pamplona. El caso fue conocido popularmente como La Manada, que es el nombre del grupo de WhatsApp donde se comunicaban.
La joven y los cinco acusados entraron juntos en el portal de una vivienda. La situación se consideró una agresión sexual porque la joven dijo haberse sentido “agobiada, impresionada, sin capacidad de reacción, sintiendo en todo momento un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor, haciendo todo lo que los acusados le decían que hiciera”.
Los agresores grabaron el acto sin el permiso de la víctima, y uno de ellos le robó el teléfono móvil. Tras los hechos, la dejaron en el lugar desnuda, sola y sin su teléfono.
Entre los agresores se encontraban un militar y un Guardia Civil. El juzgado de Pamplona dictaminó abuso sexual y les condenó a 9 años.
Tras la sentencia, la indignación social se desencadenó por todo el país, porque en este caso también el tribunal consideró que no hubo uso de la fuerza. Se desató un fuerte movimiento de respuesta social llamado "yo sí te creo".
Ante el clamor popular, la Corte Suprema revisó la sentencia. El tribunal dictaminó que no fue abuso sexual sino violación, y elevó la pena de cárcel de los 9 años iniciales, a quince.
En entrevista exclusiva a SBS Spanish, el abogado de La Manada, Agustín Martínez, cuestionó la revisión de la condena por la Corte Suprema.
People demonstrate in front of the Justice City of Cordoba in support of an alleged victim of sexual harassment by the so-called 'La Manada'. EPA/Rafa Alcaide Source: EFE
“Nos ha dado la sensación de que el Tribunal Supremo lo que ha conseguido es satisfacer ese hambre social a una sentencia condenatoria más allá de los propios hechos”.
Uno de los asuntos más polémicos del juicio y que más indignación produjo entre los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, fue el cuestionamiento que se le hizo a la víctima.
El juez aceptó inicialmente como prueba el informe de un detective que mostraba a la joven llevando una vida normal tras la violación. La defensa de La Manada trató de demostrar que la joven no mostraba síntomas de trauma y que por eso no había sido violada. Estas pruebas fueron luego retiradas.
“Ella no tenía ningún tipo de aflicción. Declaró sin ningún tipo de aflicción, en ningún momento hubo la menor sensación de pena”, dijo el abogado Martínez.
Juicio a La Manada por un nuevo caso de agresión sexual
Cuatro de los cinco miembros de La Manada, que actualmente cumplen pena de 15 años de cárcel por violación, se sientan de nuevo en el banquillo de los acusados.
Dos meses antes de cometer la violación en las fiestas de San Fermín, en 2016 abusaron, según la acusación del fiscal, de una chica de 21 años en las fiestas de Pozoblanco, Córdoba.
La Fiscalía pide para ellos tres años de prisión por abuso sexual y cuatro años más por un delito contra la intimidad, ya que los agresores tomaron fotos de la víctima y las compartieron en sus grupos de WhatsApp.
The four defendants members of the group known as 'La Manada' (The Wolfpack), appear before the judges during the first session of their trial. Source: EFE POOL
Este nuevo caso de Pozoblanco se está juzgando con el Código Penal aún sin haberse modificado.
La violencia machista utilizada en el discurso político
En las pasadas elecciones generales en España el partido de ultra derecha Vox logró un apoyo sin precedentes y consiguió 52 escaños en el parlamento.
Este partido cuestiona el concepto mismo de violencia machista, algo que preocupa a muchos sectores sociales. Además acusa a los migrantes de ser responsables de la mayoría de las violaciones grupales.
Durante la campaña electoral, Vox dijo que el 70 por ciento de las agresiones grupales son cometidas por extranjeros.
Sin embargo, el Ministerio de Interior no contabiliza el porcentaje de nacionales y extranjeros que han cometido abusos y agresiones sexuales en grupo en España. Ese dato no existe.
En España la lucha contra la violencia de género se ha abordado desde un consenso de todas las fuerzas políticas, y se han activado recursos sociales y judiciales para atajar esta lacra.
Source: Getty Images
Las cifras oficiales han contabilizado a fecha de noviembre de 2019, 50 mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas. Desde que empezaron a contabilizarse las víctimas en 2003, hay ya 1026 mujeres muertas.
Pese a la rotundidad de las cifras y a la necesidad de seguir trabajando para evitar más muertes, Vox ha prometido eliminar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género porque asegura que es discriminatoria contra los hombres.
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