Sinopsis
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó una ley que agrega un inciso al artículo al código penal sobre homicidio calificado.
Según el Gobierno costarricense, la modificación legal coloca a Costa Rica a la altura de la normativa internacional en materia de protección de los derechos humanos e igualdad a las personas o poblaciones que han sido históricamente violentadas y perseguidas por motivos de prejuicios sociales e intolerancia.
Recientemente, organizaciones y activistas de las comunidades LGBTI exigieron que se aprobaran leyes que penalicen los crímenes de odio.
El reclamo surgió al clamar justicia por la vida de Genaro Vega, un joven nicaragüense y homosexual, que fue víctima de un crimen motivado por su orientación sexual y su nacionalidad en Guanacaste.
Por su parte, la comisionada para asuntos LGBTI, Jota Vargas Alvarado, enfatizó que legislar los crímenes de odio es cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Exámenes Periódicos Universales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.
Una investigación pionera de las Naciones Unidas, basada en el uso de la inteligencia artificial, identificó en el último año más de 500.000 conversaciones que contenían expresiones de odio y discriminación en las redes sociales en Costa Rica.
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