Sinopsis:
Las maras o pandillas están integradas por más de 76.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
Hace un año, la Asamblea Legislativa decretó el régimen de excepción por 30 días en respuesta a una escalada de asesinatos atribuidos a pandillas que se cobró la vida de 87 personas en tres días.
El estado de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele suspendió varias garantías constitucionales para permitir detenciones arbitrarias y sin orden judicial, interrumpir la libertad de asociación, el derecho y a la defensa jurídica y extiende el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
Aunque la Constitución de El Salvador establece el régimen de excepción solamente para 30 días, la medida fue renovada doce veces por la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por fuerzas oficialistas leales al presidente Bukele.
Desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, y han arrestado a más de 65.000 personas, según cifras oficiales.
Al mismo tiempo, se habilitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Es la mayor prisión de América Latina y tiene capacidad para 40.000 reclusos. El gobierno mostró imágenes del primer traslado de pandilleros, tatuados y descalzos, sentados en el suelo con las manos detrás de la cabeza rapada, apilados y muy juntos.
El ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, asegura que los recluidos no volverán a las comunidades porque el régimen de excepción ha generado la baja de homicidios a 2 por cada 100 mil habitantes, después de que El Salvador figurara entre los países más violentos del mundo.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana señala un 53 % de los salvadoreños se declara “muy satisfecho” con el régimen de excepción y un 29 % se declara “algo satisfecho”; y el 59 % indica que debe prorrogarse por más tiempo.
Las detenciones de pandilleros han contribuido al regreso a la calma en varias regiones del país y fueron bien recibidas por parte de la población.
Sin embargo, organizaciones humanitarias de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,000 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción que se implementa en el país para "combatir" a las pandillas.
En 12 meses de estado de excepción, se han reportado miles de casos de detenciones arbitrarias de personas que simplemente estaban tatuadas o que estaban presentes en zonas en las que suelen operar miembros de pandillas. Las personas detenidas no han tenido acceso a ningún juicio o defensa judicial.
Henry Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, dijo a France24 que la sensación de seguridad es un espejismo.
Según Amnistía Internacional, en un año del estado de excepción en El Salvador se reportaron "malos tratos infligidos a personas detenidas por las fuerzas de seguridad" como "la limitación de alimentos y acceso al aire libre para las personas presas". También se han reportado múltiples casos de tortura y varias personas han muerto bajo custodia, un motivo de alta preocupación para la organización.
