La divulgación en Panamá de una investigación parlamentaria que confirmó abusos contra niños y adolescentes en hogares de protección, desató uno de los mayores escándalos del último año y generó fuertes protestas, que aún continúan en el país centroamericano.
La polémica surgió cuando nueve diputadas presentaron un informe de 400 páginas a la Fiscalía General con evidencias de los abusos. Decenas de menores de edad fueron maltratados física y psicológicamente en los albergues.
Muchas de las instituciones no tenían el permiso de operación reglamentario, ni el personal cualificado y los menores de edad vivían en "condiciones infrahumanas". Algunos de ellos tenían ciertos grados de discapacidad.
El informe reveló irregularidades, abusos a niños y posible trata de niñas en la Fundación Chilibre Panamá, un albergue infantil en Tocumen.
Las denuncias habían sido ignoradas inicialmente por las autoridades.
Tras el informe, inmediatamente, manifestantes exigieron en la capital panameña "respuestas" y "justicia" para las decenas de niños y niñas víctimas de abusos sexuales y maltratos psicológicos y físicos en albergues bajo la supervisión del Estado de Panamá.
El informe provocó el allanamiento del Centro por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y motivó la investigación de la comisión legislativa, que se extendió a hogares de atención a menores vulnerables en Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Coclé.
Ante esta situación, algunos políticos panameños han planteado una comisión internacional amparada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que investigue tanto este escándalo que involucra a infantes y otros casos de corrupción.
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