Tras revelar ser el blanco de las acusaciones de una presunta violación sexual hace tres décadas, el fiscal general de Australia, Christian Porter, rechazó enérgicamente los alegatos que desde hace días empañaban la reputación de todo el gabinete australiano.
“Simplemente, no ocurrió”, dijo Porter mientras luchaba por contener las lágrimas.
Durante una emotiva conferencia de prensa desde Perth el miércoles, Porter afirmó que no se retiraría de su cargo de Fiscal General, porque, según él, eso sentaría un precedente peligroso.
“Si me retiro de mi puesto como Fiscal General debido a una acusación sobre algo que simplemente no sucedió, cualquier persona en Australia podría perder su carrera, su trabajo, el trabajo de su vida, sobre la base única de una acusación publicada,” dijo.
“Si eso sucede, cualquier persona en la vida pública puede ser destituida, simplemente por una acusación”, continuó.
Si renuncio, eso establecerá un nuevo estándar, entonces no habría mucha necesidad de tener un Fiscal General, porque no quedaría un estado de derecho que proteger en este país.
El primer ministro australiano, Scott Morrison, y los demás miembros del gabinete, han apoyado públicamente a Porter y han rechazado la multitud de pedidos de que se realice una investigación independiente sobre la acusación de violación histórica, ocurrida supuestamente en 1988.
El escándalo explotó tras el envío de una carta anónima al primer ministro Scott Morrison, a la senadora laborista Penny Wong y a la senadora de los Verdes Sarah Hanson-Young, que detalla las acusaciones de violación contra el fiscal general Christian Porter.
La acusación histórica salió a la luz en momentos en que el gobierno de Morrison ha estado bajo un intenso escrutinio durante más de dos semanas, después de que la exasesora liberal Brittany Higgins alegara que fue violada por un colega en el Parlamento en 2019.
La presunta víctima de la violación en 1988 llevó la denuncia a la policía de Nueva Gales del Sur en 2020, pero la investigación fue suspendida después de que ella se quitara la vida a mediados del año pasado.
La mujer le escribió a la policía de NSW antes de morir, para comunicarles que no quería continuar con el caso.
La senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, dijo a la ABC que este es un asunto de importancia nacional, ya que involucra al oficial jurídico de mayor jerarquía en el país.
“Christian Porter tiene todo el derecho a que se aclare su nombre, si es que es inocente, por lo que necesitamos una investigación independiente”, dijo Hanson-Young.
Australian Attorney-General Christian Porter speaks to the media during a press conference Source: AAP
Una situación legal y socialmente “compleja”
La Profesora Ana Cody, abogada y decana de la facultad de derecho de Western Sydney University, explicó a SBS Spanish que si bien se trataba de una situación legalmente “compleja” ella consideraba que la acusación debe ser investigada de manera independiente.
Cody explica que, bajo la ley australiana, existen los procesos penales y los criminales, que están regidos por limitaciones y marcos jurídicos distintos.
Si bien Cody admite que un juicio penal no sería posible en este caso, tras el fallecimiento de la presunta víctima, “siempre hay la posibilidad de hacer una investigación civil, que tiene otros límites y otros fundamentos en los cuales basarse”.
En ese sentido, dijo que el argumento utilizado por Morrison y Porter sólo toma en cuenta la posibilidad de un juicio penal, y que habría que “hacer la distinción entre los juicios penales y los juicios civiles”.
(Estoy) a favor de hacer una investigación porque Porter realmente tiene una posición muy importante en nuestro país, una posición de poder por ser el Fiscal General. Él representa la sociedad en el Parlamento, y su comunidad de Australia Occidental. … Él también representa la ley, representa el derecho en nuestra sociedad. El Fiscal General entonces tiene una responsabilidad de (tener una conducta) irreprochable.
“Realmente estamos pasando por un momento, una coyuntura muy especial en el mundo hoy, y en Australia. Estamos intentando dar dignidad a las personas, a las mujeres en mayor parte, que han sufrido de abuso sexual. Entonces, también representaría una reacción que proporciona dignidad a estas voces, a estas experiencias, a estas personas que realmente han experimentado esto”, agregó.
Cody también considera que la investigación que se realizó al exjuez de la Corte Superior de Australia, Dyson Heydon, es un buen ejemplo de cómo se podría llevar a cabo la investigación de la presunta violación de la que se acusa a Porter.
Sin embargo, Cody aclara que, si bien las acusaciones que ciernen sobre Porter y Heydon son de índole sexual, las circunstancias entre ambos difieren. Mientras Heydon fue investigado de manera independiente por alegatos de que había acosado sexualmente a mujeres que trabajaron con él, la acusación sobre Porter está relacionada con un evento que presuntamente ocurrió antes de que él entrara en la política.
“Lo que hay en común es que él tiene ahora la posición de Fiscal General, entonces tiene que tener una reputación que realmente debe ser de la calidad más alta.”
Miembros del gabinete de Morrison han dicho reiteradamente que es la policía quien debe investigar el caso y que, como ya se cerró la investigación, ese es el final del asunto.
Sin embargo, tanto en el sector del servicio público y privado en Australia, con frecuencia se investiga la conducta de empleados o funcionarios, con el fin de esclarecer si está acorde con la ley o los valores de las instituciones que representan.
Es realmente un poco decepcionante que el Gobierno decida que por el hecho de que ya hemos dejado a un lado el juicio penal, que ya no continuará, que ya el caso termina. Siempre hay, en muchas áreas de la vida, en el trabajo, por ejemplo, investigaciones sobre acoso sexual.
“Una de las ventajas de tener una investigación es realmente para aclarar la situación y también para darle el chance a Porter de poder defenderse y representar lo que exactamente ha pasado,” explica Cody.
La experta en derecho considera que, en este caso, el único argumento en contra de realizar una investigación es que no es posible obtener una respuesta clara de qué pasó. Sin embargo, considera que en este caso el investigar es preferible, ya que apoyaría el ideal de la justicia.
“Justicia para la persona acusada, pero también dando una dignidad a las mujeres y dando una dignidad a las víctimas de abuso sexual”, concluye.
Christian Porter se tomará un corto período de licencia para atender su salud mental, pero fue enfático en que no renunciará a su puesto en el gabinete.
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Si requieres información o apoyo en relación con una agresión sexual puedes comunicarte con el 1800RESPECT.
