Fujimori enfrentaba una sentencia de 25 años de prisión por la matanza de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992, y también por la 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en Barrios Altos, en el centro de Lima, e 3 de noviembre de 1991. Los responsables fueron agentes del grupo paramilitar Colina.
La Corte IDH, dependiente de la OEA y con sede en Costa Rica, analizó el cumplimiento de la sentencia por ambas matanzas.
En la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió revocar no solo el indulto sino el derecho de gracia otorgado a Fujimori por contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano al notar que estos beneficios fueron otorgados en un momento de crisis política en Perú.
En aquel momento el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski podía perder su cargo por su supuesta implicación en el caso de corrupción Odebrecht a través de un pedido de destitución que se discutía en el Parlamento del país andino, con fuerte presencia de los fujimoristas.
Escucha el resumen de los principales argumentos de las partes, el Estado peruano, las víctimas y defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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