Sinopsis
De acuerdo con el informe, de la organización Observatorio para la Tortura, titulado “Análisis sobre procesos judiciales. Diciembre 2021 - marzo de 2022”, al menos 66 personas fueron arrestadas y condenadas en el contexto de los comicios en los que la pareja presidencial de Nicaragua fue reelegida en las cuestionadas elecciones de noviembre pasado.
Antes de las elecciones, varias figuras políticas y cívicas fueron detenidas en Nicaragua incluidos siete precandidatos presidenciales, empresarios o líderes estudiantiles como Lesther Alemán, quien en 2018 reclamó en la cara al presidente Daniel Ortega que cesara la represión y se rindiera.
Sin embargo, el presidente Ortega, aseguró que los presos no son "candidatos" ni "políticos" sino "criminales" o agentes de Estados Unidos que atentaron "contra la seguridad del país", al tratar de organizar un "golpe de Estado".
Según el estudio del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Gobierno de Ortega y Murillo utilizan el “Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos”.
El Observatorio señaló que, tras el anuncio de la reelección hubo un “incremento de la estigmatización y hostilidad hacia las personas presas políticas, especialmente, luego del discurso presidencial de Daniel Ortega en que les llamó ‘hijos de perra’, por lo que se puede considerar un incremento en la saña hacia las más de 181 personas presas políticas para ese entonces”.
En febrero pasado, la legendaria exguerrillera Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán fueron condenados a 15 años de prisión por la justicia de Nicaragua en el tercer día de juicios exprés a puerta cerrada contra los presos políticos.
El informe resaltó la “ausencia de autonomía e independencia del Ministerio Público”, y agrega que juicios contra estas personas presas políticas solidifican el totalitarismo y la sumisión de este Poder a la pareja presidencial”.
El abogado del Colectivo, Gonzalo Carrión, dijo que “Para garantizar este modelo, los jueces han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno (…) , las personas arrestadas no son sujetos de derechos, son tratadas como enemigos”.
Además, el Observatorio para la Tortura en Nicaragua se refirió a violaciones al debido proceso en contra de los “presos políticos”, entre las que destacó detenciones arbitrarias, malos tratos o torturas, desconocimiento de la acusación, nula publicidad de los procesos judiciales, derecho a la defensa limitado, privación del uso de la palabra obligados a inculparse tras amenazas y torturas”.
Por su parte, el exfiscal Boanerges Fornos dijo que en el sistema judicial nicaragüense son promovidos los jueces con méritos políticos al sandinismo desde 2007 cuando Daniel Ortega retornó al poder.
Hace un mes, la justicia de Nicaragua condenó al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Heally, a 13 años de cárcel por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Con esta condena, culminaron los juicios políticos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega contra unos 66 líderes y figuras del país críticos de sus políticas. Las penas impuestas oscilan entre 7 y 13 años de prisión.
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