La Policía y las agencias gubernamentales de Australia no podrán acceder libremente a los registros virtuales de los ciudadanos, a menos de que tengan en su poder una orden judicial específica, según las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Malcolm Turnbull.
La decisión se da tras semanas de críticas y enfrentamientos en torno al libre acceso de las autoridades a “My Health Record”, que motivaron diálogos de urgencia entre el Gobierno y las organizaciones médicas para atajar el problema.
El ministro australiano de Salud, Greg Hunt, anunció anoche, tras dialogar con la Asociación Médica Australiana (AMA) y el Colegio Real Australiano de Médicos de Cabecera, que las autoridades solo podrán acceder a los datos de los pacientes, sin el consentimiento de los mismos, únicamente si poseen una orden judicial.
“Las enmiendas asegurarán que ningún dato sea revelado a la Policía o a las agencias gubernamentales, para cualquier propósito, a menos que se tenga una orden judicial”, precisó Hunt, al confiar en que las medidas reforzarán la confianza de los ciudadanos respecto al manejo de sus datos médicos confidenciales. “Los cambios a la Ley de My Health Record eliminará cualquier ambigüedad en la materia”, agregó el ministro al añadir que se implementarán “a la brevedad posible”.
Hunt también aseguró que no se ha revelado ningún dato médico arbitrariamente desde que se implementó el registro hace seis años.
Por su lado, el presidente de la AMA, Tony Bartone, dijo que el ministro también aceptó ampliar en un mes el período concedido para que los pacientes opten por darse de baja de los registros, lo que permitirá a las personas tener más tiempo para decidir sobre este asunto.
Asimismo, el Gobierno enmendará la Ley de 2012 para asegurar que cualquier persona que desee cancelar sus récords lo pueda hacer permanentemente para que éstos no aparezcan en el sistema del gobierno.
Los cambios a la Ley de My Health Record se harán en concordancia con la política de la Agencia Australiana Digital de Salud.
Por su lado, la portavoz del Partido Laborista en materia de Salud, Catherine King, dijo que el Gobierno finalmente hizo caso a las demandas de su formación política, mientras que la organización Digital Rights Watch consideró que la decisión reivindica las preocupaciones expresadas por los expertos en privacidad, los médicos, los ciudadanos y algunos legisladores oficialistas.
“Este gobierno aún tiene un largo camino por recorrer para ganar la confianza de los ciudadanos australianos cuando se trata de abordar la información personal, pero el ministro ya ha dado un buen primer paso”, según el presidente de Digital Rights Watch, Tim Singleton Norton.
El banco de datos electrónico de My Health Record reúne la información personal médica importante, incluyendo las recetas, alergias y anotaciones médicas, para que sea compartida de forma segura entre los galenos y sus pacientes. Asimismo pretende mejorar los tratamientos y reducir la repetición de análisis médicos.
Este sistema ha sido criticado debido a las preocupaciones en torno a la ciberseguridad y la privacidad.
