Según el medio de comunicación, el Department of Health and Human Services (DHHS) atiende grandes volúmenes de solicitudes de datos del Plan de Beneficios Farmacéuticos (PBS) y del Programa de Beneficios de Medicare (MBS) por parte de las agencias policiales estatales y federales, cada año.
Los registros pueden ofrecer una imagen detallada del historial médico de una persona, incluyendo, por ejemplo, cualquier historial de problemas de salud mental, SIDA, aborto o enfermedades de transmisión sexual.
Pero, a diferencia del controvertido My Health Record, no se necesita una autorización u orden judicial para que el DHHS divulgue la información a la policía.
En cambio, el departamento utiliza un conjunto de pautas internas para decidir cómo y cuándo aceptará una solicitud policial. Nunca ha hecho públicas las directrices y ha luchado activamente para mantenerlas en secreto.
Recientemente, Medical Republic, una publicación especializada en noticias médicas ganó una batalla de un año contra el departamento, para asegurar la publicación de las directrices de la entidad y ha compartido el documento con expertos y Guardian Australia.
Los abogados y los defensores de la privacidad de la salud criticaron casi universalmente la laxitud de las disposiciones de privacidad de las directrices, que no se han actualizado desde 2003.
"Si el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, con este proceso el gobierno ha creado una carretera de cuatro carriles", dijo Peter Clarke, abogado de Isaacs Chambers en Melbourne. "El proceso es la antítesis de las protecciones de privacidad adecuadas".
Si el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, con este proceso el gobierno ha creado una carretera de cuatro carriles
El Dr. Bernard Robertson-Dunn, presidente del comité de salud de la Australian Privacy Foundation, señaló que las pautas del departamento no se habían actualizado en 16 años. "y eso que se toman en serio la privacidad", dijo.
El DHHS confirmó que ha otorgado 2.677 solicitudes de datos de PBS y MBS de la policía en los 12 meses a partir de septiembre de 2017. Dijo que la información se divulgó por una variedad de razones, incluso para "la identificación de personas fallecidas".
El documento interno publicado por el departamento, titulado "Directrices para la divulgación de información cuando sea necesario en interés público", fue fuertemente redactado. Los párrafos clave que no fueron redactados expresaban que divulgar información de salud privada no era una decisión que se tomara a la ligera.
Según las pautas, los funcionarios del departamento tendrían que considerar si la divulgación de datos privados de salud era necesaria y no meramente conveniente o útil. También tendrían que verificar si la información estaba disponible a través de otros canales.
Los funcionarios del departamento debían considerar si la divulgación de la información de salud privada era de interés público, a diferencia de cualquier interés privado de la persona que busca la información.
En las directrices, el "interés público" se define en términos generales como todo lo relacionado con la seguridad nacional, los delitos graves, la administración del derecho penal o la seguridad pública.
Las pautas dieron algunos ejemplos concretos de situaciones graves en las que divulgar datos de salud privados a la policía sería de interés público, como ayudar con las investigaciones sobre asesinatos, secuestros, agresiones sexuales, abuso de menores, delitos graves de drogas y fraude mayor.
Sin embargo, el documento también afirmaba que "estos ejemplos no deben leerse de ninguna manera como limitantes de las circunstancias en las cuales la divulgación de información puede considerarse necesaria para el interés público".
Jonathan Crowe, profesor de derecho en la Universidad de Bond, dijo que "la naturaleza amplia y vaga de las pautas para la divulgación de datos médicos confidenciales a la policía es muy preocupante".
La definición de ‘interés público’ es particularmente abierta y deja discreción significativa y sin control a los funcionarios del departamento.
Pero Hank Jongen, un portavoz departamental, dijo que el gobierno tomó sus responsabilidades de privacidad "muy en serio" y cumplió con toda la legislación pertinente.
Dijo que la información sobre los pedidos de MBS y PBS "puede ser significativamente menos detallada que el tipo de información que se encuentra en el MyHealthRecord de una persona”, porque no contenía notas clínicas hechas por los proveedores de servicios de salud.
Los datos de MBS y PBS generalmente se usan como registros administrativos para realizar un seguimiento de los reembolsos del gobierno a médicos y pacientes.
El departamento debe informar al organismo de control de privacidad, la Oficina del Comisionado de Información de Australia, cuando publique los datos vinculados de MBS y PBS. Pero Medical Republic ha obtenido previamente una copia de varios de estos informes anuales y el departamento registró solo cinco divulgaciones de datos vinculados de MBS y PBS a la policía en 2016-17.
Los expertos en privacidad han pedido que las disposiciones de privacidad del departamento se ajusten a la legislación de My Health Record. La ley se modificó en 2018 para que la policía ya no pueda acceder a los datos de My Health Record sin una orden judicial.
"Pienso que la ley relacionada con el acceso a los datos de MBS y PBS debería actualizarse para reflejar la decisión del Parlamento sobre My Health Record", dijo Malcolm Crompton, ex comisionado de privacidad de Australia y fundador y asesor principal de Information Integrity Solutions.
Por su parte, el Dr. Chris Moy, presidente del comité de ética y medicina legal de la Asociación Médica Australiana, dijo que las leyes de privacidad de datos del DHHS probablemente deberían someterse al "pub test" para ver si aún cumplen con los estándares de la comunidad.
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