El fiscal general de Australia, Christian Porter, anunció medidas para proteger a los periodistas que divulguen información sensible de seguridad o defensa, en medio de una fuerte polémica en Australia por los registros en junio pasado a la ABC y la vivienda de una periodista de News Corp por filtrar documentos.
Los periodistas solo podrán ser juzgados en casos extremos y excepcionales.
De acuerdo a la directiva, amparada en una sección de la Ley del Ministerio Público, si los fiscales creen que se debe juzgar a un periodista por ser de interés público, entonces deberán "requerir el consentimiento del fiscal general como una salvaguardia separada y adicional".
El comunicado de la oficina de prensa de la Fiscalía General no menciona a los dos periodistas de la ABC ni la de News Corp que son investigados por filtrar documentos. Tampoco descarta un potencial proceso judicial.
Pero Porter recalcó que la medida permitirá que se de una "consideración más detallada y cautelosa de cómo debe equilibrarse una acusación de un delito grave con nuestro compromiso con la libertad de prensa".
La Policía federal registró a principios de junio la vivienda de la periodista de News, Annika Smethurst, por una información sobre los planes del Gobierno australiano para dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a sus ciudadanos.
Al día siguiente realizó un registro a las oficinas de la ABC en Sídney por la filtración de documentos vinculados a presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de élite australianas desplegadas en Afganistán, que incluyeron la muerte de niños, utilizados en los llamados "Archivos Afganos" publicados por la televisión en 2017.
