Los ojos se posan en Londres. Allí se decide el destino del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en un juicio por su extradición a Estados Unidos, en donde podrá estar penado con 175 años de cárcel.
El proceso para los defensores de Assange supone un momento clave para el respeto de los derechos humanos y civiles, así como para la libertad de prensa y el uso de los llamados “whistleblower” o informantes.
La segunda parte del juicio de extradición a Estados Unidos, que fue demorado por la pandemia de COVID-19, tuvo un giro de último momento: las autoridades estadounidenses ampliaron a última hora las acusaciones, aunque mantiene los mismos 18 cargos de espionaje y interferencia informática.
Puntos destacados:
- El segundo tramo del juicio de extradición a Estados Unidos, suspendido por la COVID-19, se reanuda en Londres.
- El fundador de Wikileaks Julian Assange es acusado por Estados Unidos de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán.
- Los abogados de Assange piden que se libere y anule el proceso contra el periodista por considerar que se han violado sus derechos humanos y civiles.
Las vistas de este proceso se extenderán hasta el 25 de septiembre y las partes tienen la posibilidad de apelar hasta la máxima instancia del poder judicial británico.
Los cargos adicionales en el proceso contra el informático de 49 años, que iba a comenzar en febrero pasado, implican a dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización por presunta complicidad para conspirar contra la seguridad estadounidense.
Assange es requerido por Washington por la filtración de centenares de miles de documentos secretos militares y diplomáticos estadounidenses, en 2010, sobre las guerras en Irak y Afganistán, que revelan muertes de civiles, torturas y operaciones militares clandestinas, entre otros.
Assange, tras pasar siete años en la embajada, le fue retirado el asilo y la nacionalidad concedidos por Ecuador, por lo que en abril de 2019 fue detenido por las autoridades británicas.
Source: WikiLeaks
El pedido al gobierno australiano
Un grupo de activistas australianos pidieron al gobierno del primer ministro australiano, Scott Morrison, y a la titular de Exteriores, Marise Payne, que actúen “rápida y efectivamente para asegurar la liberación inmediata de Julian Assange antes de que sea demasiado tarde para proteger la libertad de prensa”.
Tony Wakeham, quien ha hecho campaña durante 41 semanas en favor de la liberación de Assange dijo en un comunicado que si Assange es extraditado a Estados Unidos “seguramente morirá por hacer lo que es correcto y por publicar documentos que expusieron crímenes de guerra y abusos a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos y otros gobiernos”.
“Los Estados Unidos no pueden identificar estos registros como confidenciales para esconder crímenes internacionales horribles que comenten en el exterior”.
Los argumentos de las partes
El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado.
En este juicio se espera la comparecencia de Assange, quien está en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh desde marzo pasado. Entonces, la la jueza Vanessa Baraitser le denegó la libertad condicional que su defensa había pedido por su condición de salud.
Para la jueza, Assange suponía un peligro de fuga.
Los abogados de Assange han denunciado en diversas oportunidades que el australiano ha tenido dificultades para comunicarse con sus abogados y preparar la defensa.
La pareja de Assange y madre de sus dos hijos, la sudafricana Stella Morris también ha denunciado las condiciones en las que se encuentra el fundador de WikiLeaks.
Uno de los argumentos en que se apoya la defensa es que según el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido, se prohíbe la extradición por motivos políticos o de personas que corren “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”.
WikiLeaks founder Julian Assange gestures from the window of a prison van. Source: AFP
El espionaje a Assange por una empresa española
Baltasar Garzón, el abogado español de Assange, afirmó que el fundador de WikiLeaks fue espiado como "en un película" cuando estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
Assange denunció a la empresa española Undercover Global, a la que acusa de haberlo espiado durante años por cuenta de Estados Unidos cuando se encontraba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció entre 2012 y 2019.
Dicha firma estuvo parte de ese tiempo encargada de la seguridad de la legación diplomática.
"Se podría decir que ocurre realmente en las películas de espías, pero es que esto no es una película de espías", dijo a la prensa el ex juez Garzón a su salida de la Audiencia Nacional en Madrid, donde tuvo que declarar este lunes para defender a su cliente.
Es "algo escandaloso", añadió Garzón, refiriéndose a las imágenes de videovigilancia que se le mostraron, y en las que se ve al informático australiano en la embajada ecuatoriana hablando con sus abogados.
Según la denuncia presentada por Assange, la empresa española colocó micrófonos y cámaras en distintos puntos de la embajada, e incluso en el baño de mujeres, donde el australiano organizaba muchos de sus encuentros. También había micrófonos en la base de los extintores, de acuerdo con la denuncia.
La defensa de Assange, actualmente encarcelado en Londres, espera que la causa por espionaje en España lo ayude en el procedimiento de extradición lanzado en su contra por Estados Unidos.
"Hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales británicas todo este material, porque tienen una incidencia directa respecto de la extradición y demuestran desde nuestro punto de vista que Julian Assange ha sido objeto de una persecución política", añadió Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Assange en España.
Contexto político candente en EEUU y Reino Unido
El proceso de extradición comienza en medio de un ambiente político volátil dado que el 3 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos, mientras que el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea.
“El calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de 'enemigos del pueblo', con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea”, apunta el diario argentino página 12.
Este diario argentino recordó que durante el caso de extradición de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político cuando el gobierno laborista de entonces consideró que el exdictador padecía de problemas de salud que permitieron su retorno a Chile.
