El gobierno de Victoria ha anunciado una revisión de las leyes que impiden a los supervivientes de agresiones sexuales hablar públicamente de su experiencia, horas después de que se lanzara una campaña para que fueran derogadas.
Los cambios en la Ley de Informes de Procesos Judiciales del Estado, introducidos en febrero, tipificaron como delito que los supervivientes de agresiones sexuales publicaran sus historias bajo su verdadera identidad en los casos en que los procesos estuvieran pendientes o se hubiera registrado una condena, a menos que obtuvieran una orden judicial.
Los defensores de los supervivientes afirman que las leyes, que conllevan multas y posibles penas de cárcel si se infringen, silencian efectivamente a las víctimas e impiden que lleven a cabo su labor de defensa.
Puntos destacados:
- La ley tipificó como delito que los supervivientes de agresiones sexuales publiquen sus historias bajo su verdadera identidad en casos pendientes o con condena, salvo orden judicial.
- Nina Funnell, sobreviviente de una agresión sexual, lanzó la campaña #LetUsSpeak para buscar apoyo para cambiar la ley.
- "Me siguen preocupando las barreras, tanto culturales como jurídicas, que siguen existiendo para las víctimas de agresiones sexuales", dijo la Fiscal General de Victoria, Jill Hennessy, respecto a este caso.
La periodista y sobreviviente de agresión sexual, Nina Funnell, lanzó la campaña #LetUsSpeak el miércoles por la mañana, pidiendo que las leyes sean enmendadas para permitir a los sobrevivientes renunciar a su derecho al anonimato si deciden compartir su historia públicamente.
Leyes similares en Tasmania y el Territorio del Norte fueron desechadas a principios de este año después de una campaña separada de #LetHerSpeak, también encabezada por Funnell.
La periodista defendió el derecho de las víctimas a hablar en la página de GoFundMe en donde se realiza la campaña de apoyo.
"[Las víctimas] de abuso del clero y otros defensores públicos de los supervivientes se encuentran entre los que han perdido el derecho a hablar y podrían ahora enfrentarse al desacato al tribunal si continúan sus campañas o su trabajo en los medios de comunicación."
"Como resultado de las nuevas leyes, estos supervivientes y otros se ven ahora obligados a volver a los tribunales por su propia cuenta y molestia, para obtener órdenes judiciales para hablar públicamente de sus casos. Esto puede y está costando a los sobrevivientes miles de dólares", advirtió Funnel.
A pocas horas del lanzamiento de la campaña #LetUsSpeak, ya se habían recaudado más de $20.000 dólares para apoyar financieramente a tres sobrevivientes mientras buscan órdenes judiciales que les permitan hacer pública su historia.
El miércoles por la tarde, la Fiscal General de Victoria, Jill Hennessy, dijo que había pedido al Departamento de Justicia y Seguridad de la Comunidad que considerara si se necesitaban más cambios en las leyes.
"Reconozco la fuerza y la resistencia de las víctimas que se presentan y cuentan sus historias, es algo increíblemente valiente y difícil de hacer", dijo Hennessy.
Los cambios de febrero se introdujeron porque los supervivientes no tenían antes una forma clara de navegar por las prohibiciones de los tribunales destinadas a proteger sus identidades, justificó, sin embargo, Hennessy.
"Me siguen preocupando las barreras, tanto culturales como jurídicas, que siguen existiendo para las víctimas de agresiones sexuales", concluyó la Fiscal General.
