La Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés) informó que accedió en 58 ocasiones a los metadatos de periodistas entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. En ese año fiscal la AFP obtuvo órdenes de registros a periodistas para obtener esta información vinculada a los registros de las llamadas telefónicas, la duración de las mismas, las direcciones de IP, entre otros.
Las acciones policiales se amparan a una polémica ley de 2015 que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retener y almacenar los metadatos de sus clientes durante dos años, como parte de una batería de medidas para luchar principalmente contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Aunque se desconoce las identidades de los periodistas y los motivos por los que han sido investigados, estas revelaciones se dan en medio del escándalo por los registros el mes pasado a las oficinas de la cadena ABC y la casa de una periodista de News Corp por la filtración de documentos que comprometen al gobierno.
El registro a la ABC, que vincula a los periodistas Dan Oakes y Sam Clark, así como al director de noticias de la ABC, Gaven Morris, responde a los llamados “Archivos Agfanos”, una compilación de denuncias sobre los presuntos excesos cometidos por las fuerzas militares de élite que desplegó Australia en Afganistán y que incluye la muerte de civiles desarmados y niños.
Un día antes de ese registro de ocho horas, la Policía allanó la casa de la periodista Annika Smethurst, del grupo News, por una información sobre los planes del Gobierno australiano de dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a los ciudadanos del país.
Además, el lunes pasado, el diario Sydney Morning Herald denunció que la Policía australiana le pidió a la aerolínea Qantas que entregue información privada sobre los viajes realizados por Oakes e incluso la representante legal de la aerolínea estaría dispuesta a comparecer como testigo en un eventual juicio.
El Partido Laborista ya ha pedido explicaciones a la AFP sobre el pedido a Qantas, así como por las investigaciones de los metadatos.
La Policía se niega a responder si las órdenes se refieren a alguno de estos dos casos.
¿Cuáles son las preocupaciones al acceso a datos encriptados y metadatos?
La ley de retención de metadatos entró en vigor en 2017, pero adicionalmente en diciembre de 2018, el Parlamento, tras un acuerdo entre el gobierno y los laboristas, aprobó otra ley que da a las agencias de seguridad e inteligencia nuevos poderes que permiten a las agencias de seguridad e inteligencia del país acceder a los mensajes electrónicos encriptados ante amenazas de terrorismo u otros delitos.
Por su parte, el Consejo Legal de Australia -una asociación de abogados de todo el territorio nacional- criticó entonces a los principales partidos por crear una ley que ellos mismos reconocen que necesita cambios.
"Siguen existiendo serias preocupaciones" en las leyes de acceso a la encriptación, dijo el presidente del Consejo Legal, Morry Bailes. Por su lado las gigantes tecnológicas como Facebook, Google, Twitter, Amazon y otros expresaron que esta ley crea una puerta trasera a sus productos y alertaron de “una debilidad sistémica” en la misma.
Asimismo la Comisión de Derechos Humanos advirtió que la ley daña el privilegio contra la auto-inculpación porque el supuesto criminal podría ser forzado o engañado a brindar acceso a sus datos encriptados.
La coalición de Australia’s right to know, que aglutina a diversos medios como ABC, Nine, News Corp. SBS y la AAP, han pedido a los legisladores que analicen la ley de metadatos para que se anulen los registros a los periodistas y haga una excepción con ellos.
Pero la Policía considera que “el acceso a los datos de telecomunicaciones es una herramienta crítica de investigación y de recolección de inteligencia. Se usa para casi todas las investigaciones de actividades criminales, violaciones civiles graves y otros asuntos de inteligencia”.
El líder de la Oposición, el laborista Anthony Albanese, le pidió al fiscal general, que explique si aún mantiene que “no hay evidencias” de que los reporteros de la ABC y News Corp sean el centro de las acciones de las agencias de seguridad del Estado.
El comisionado de la Policía, Neil Gaughan, no ha descartado en llevar a los tribunales a los periodistas o sus empleados por la publicación de documentos confidenciales, recordaron los diarios de Fairfax.