Gary Newman, un ciudadano australiano de 73 años, ha impugnado la validez del polémico anuncio del gobierno federal sobre la prohibición de viajes desde India a Australia, a causa de las altas tasas de infecciones del país asiático.
Michael Bradley, de Marque Lawyers, que actúa en nombre de Newman, confirmó que la impugnación se presentó en el Tribunal Federal de Sídney ayer miércoles por la tarde.
La acción legal cuestiona si la declaración de emergencia del Ministro de Salud, Greg Hunt, sobre la prohibición de viajar y las medidas adicionales de criminalización bajo la Ley de Bioseguridad, son válidas por motivos constitucionales.
Puntos destacados:
- Gary Newman, de 73 años, lleva atrapado en la India desde marzo de 2020 y no ha podido regresar a Australia.
- Sus abogados argumentan que la prohibición de viajar hacia Australia es inconstitucional.
- El gobierno federal ha dicho que cree que tiene una "base legal sólida" para la prohibición de viajar desde India a Australia a causa de la pandemia de coronavirus.
Durante una breve audiencia celebrada ayer miércoles por la tarde, el Tribunal Federal acordó acelerar el procedimiento legal, con una fecha de audiencia que se anunciará en las próximas 48 horas, una vez que se encuentre un juez disponible.
Gary Newman viajó a India en marzo del año pasado y actualmente se encuentra en Bangalore, en el estado sureño de Karnataka.
El abogado de Newman le dijo a SBS News que él y su cliente no creen que las medidas impuestas sean proporcionales al riesgo sanitario que se plantea. Tampoco creen que el gobierno haya actuado dentro de sus competencias.
También hay argumentos constitucionales que se refieren a, si esta medida infringe una libertad implícita que tienen los ciudadanos australianos de poder volver a casa cuando lo deseen.
Las restricciones de viaje entraron en vigor el pasado lunes, convirtiendo en delito la entrada en Australia de cualquier persona que haya estado en la India en los últimos 14 días.
Los ciudadanos y residentes australianos que no cumplan la decisión de emergencia se enfrentan a una multa de $66.600 dólares o a cinco años de cárcel.
La política estará en vigor hasta, al menos, el 15 de mayo, fecha en la que se revisará según las palabras del primer ministro Scott Morrison.
Morrison también declaró el martes que la probabilidad de que se procese a personas por infringir la prohibición era "prácticamente nula" y "muy remota". Esto luego de enfrentar duras críticas de parte de los australianos varados en India y de grupos de Derechos Humanos.
El gobierno de la coalición también ha rechazado las críticas que acusan la medida de racista, diciendo que solo se ha puesto en práctica debido al aumento de casos de coronavirus en ese país y que la decisión de utilizar los poderes de emergencia se basó en el asesoramiento médico de expertos.
La abogada y decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Western Sydney, Anna Cody, piensa que un triunfo de la impugnación a la prohibición de viajes podría ser una oportunidad para integrar más Derechos Humanos a las leyes del país.
"Un triunfo sería una oportunidad para Australia para integrar mejor los Derechos Humanos en nuestra ley y para reconocer que tenemos obligaciones internacionales sobre el Tratado de Derechos Civiles y Políticos".
"El gobierno australiano tiene que comportarse dentro de sus poderes", dijo también Cody.
Para la abogada, la ley necesita ser mejor precisada, pues es muy amplia y está afectando a solo un grupo de personas.
"La ley es demasiado amplia y también estaría afectando solo a una raza de personas. Es una forma de discriminación", dijo Cody.
"El argumento (del afectado) tiene que ser que hay una libertad implícita dentro de nuestra constitución de libertad de movimientos y que el gobierno estaría actuando fuera de sus poderes", opinó la abogada.
El profesor de la facultad de leyes y justicia de la Universidad de Nueva Gales del Sur y experto en Derechos Humanos, Lucas Lixinsky, considera que es difícil que este caso pueda ser exitoso.
"En Australia, porque no tenemos una carta de Derechos Humanos en la constitución, es muy difícil de hacerlo".
"El estándar de revisión no es la violación de un derecho humano, sino que la autoridad del estado abusó de su discrecionalidad", dice Lixinsky.
El profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur considera que el gobierno no tendrá problemas en probar que su decisión está justificada.
"El gobierno debe probar que adoptó una decisión que es más o menos razonable en relación al objetivo de la legislación. En mi opinión, la chance de logro (del afectado) es súper baja".
Para Lixinsky, esta medida debe servir de soporte a una acción más política que jurídica.
"En mi opinión, la acción tendrá que ser mucho más política que jurídica. La acción que se está haciendo delante de las cortes es para poner presión en una dirección distinta. No es estrictamente en la cuestión jurídica".
Escucha las entrevistas completas con Cody y Lixinsky presionando en la imagen principal.
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