Entre las 148 recomendaciones, el informe aboga por un nuevo sistema basado en una ley de derechos, una financiación basada en las necesidades y una regulación y transparencia mucho más estrictas.
A lo largo de dos años, con más de 10.500 propuestas y 600 testigos, los dos miembros de la comisión escucharon numerosas pruebas de un sistema en crisis. Los australianos podrían haber esperado que los comisionados ofrecieran un proyecto de reforma racionalizado.
Sin embargo, los comisionados discreparon en una serie de recomendaciones importantes y otras más pequeñas. Esto hace que el camino de la reforma, ya de por sí complejo, sea aún más confuso.
Las recomendaciones incluyen la aprobación de paquetes de asistencia a domicilio en el plazo de un mes desde la fecha de evaluación de la persona y la eliminación de la lista de espera para finales de año.
También recomienda poner la potestad de recetar fármacos antipsicóticos en manos de un psiquiatra o un geriatra, para restringir su uso en las residencias de ancianos.
Los comisionados han pedido que todo el personal de los centros de atención a la tercera edad tenga un nivel mínimo de formación, en consonancia con el sector de la atención a la infancia.
Según el informe, hay que sustituir la Ley de Atención a la Tercera Edad, una recomendación que el gobierno ha aceptado.
El informe final recomienda además que haya siempre una enfermera o enfermero de guardia en las residencias de ancianos y que se cree un registro de trabajadores de este sector.
Para la directora del hogar de ancianos Residential Gardens en Nueva Gales del Sur, Marta Terracciano, el gobierno federal necesita actuar lo más rápido posible.
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