Lima, la capital peruana amaneció tranquila con el caótico tráfico habitual en sus calles grises, tras la disolución del Congreso peruano y la designación por parte del Legislativo de Mercedes Aráoz como presidenta interina. Solo en los alrededores del Congreso, en el centro de Lima, había una fuerte presencia policial.
En la jornada, la vicepresidenta peruana Mercedes Aráoz, a quien el disuelto Congreso designó la víspera como presidenta encargada tras declarar la suspensión del mandatario Martín Vizcarra, anunció este martes su renuncia a ambas responsabilidades y y abogó por adelantar las elecciones generales, lo que antes rechazaba.
"Comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de Segunda Vicepresidenta Constitucional de la República" y "cumplo con declinar el encargo conferido" por el Congreso de sustituir a Vizcarra, escribió en una carta dirigida al jefe del Legislativo, Pedro Olaechea, que ella difundió en su cuenta de Twitter.
Con esta decisión parece despejada la vía para Vizcarra, quien afianzó su poder tras disolver el lunes el Congreso dominado por la oposición fujimorista, invocando razones constitucionales, y convocar a comicios legislativos anticipados.
Aráoz justificó su decisión a raíz de que la OEA instó este martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la decisión de Vizcarra se ajusta a la carta magna, en vez de intervenir en la controversia.
"Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el Sr. Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso", escribió en la misiva.
Aráoz, quien pasó el martes en su apartamento, había declarado horas antes a la cadena CNN que si el Tribunal Constitucional validaba la disolución del Congreso, acataría el fallo.
Perú daba la impresión de tener dos presidentes
En este choque de poderes entre el Legislativo, dominado por los fujimoristas, y el Ejecutivo, el debate se centra ahora si la medida del jefe de Estado, Martín Vizcarra, es constitucional.
"En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra", dijo a la AFP el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.
En el plano internacional, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó este martes al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la "la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", aunque consideró "conveniente" que la polarización política "la resuelva el pueblo en las urnas".
¿Constitucional o no?
“Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”, dijo Vizcarra en un mensaje televisado el lunes después de que este le negara un voto de confianza ligado a una reforma del mecanismo de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
Vizcarra- quien cuenta con un gran respaldo popular, así como el de la cúpula militar y policial, gobernadores y alcaldes- anunció tras disolver el Congreso controlado por la oposición fujimorista, que convocará a elecciones para el 20 de enero de 2020, de acuerdo al plazo que establece la misma Constitución.
“No se dejen sorprender, en el Perú no ha ocurrido un golpe de Estado, ha habido un cierre constitucional del Congreso”, dijo en su cuenta Twitter, el exlegislador Alberto de Belaúnde, de Peruanos por el Kambio.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.
El prestigioso periodista peruano Augusto Alvarez Rodrich señala en las redes que “A Vizcarra ya no le quedó otra opción que disolver constitucionalmente el congreso corrupto, mediocre y prepotente manejado por el fujiaprismo, el responsable de esta grave crisis institucional que ya va camino a resolverse”.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, de Acción Republicana, denunció que “Perú tiene un golpe de Estado, esta es una situación que ha venido derivando de la aprobación de leyes inconstitucionales por parte del presidente”
“Vizcarra está suspendido por una actuación ilegal, al haber interferido en el Congreso y su procedimiento en la elección de magistrados”, le dijo a Blue Radio.
La cúpula empresarial también acusó a Vizcarra de perpetrar una "violación de la Constitución y al sistema democrático".
La organización de empresarios privados, la Confiep, expresó su "enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente", que "ha sumergido al país en una grave incertidumbre".
¿Qué pasará?
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.
En su editorial del martes, el diario La República, recalcó que “aunque doloroso, el parto de esa etapa se ha iniciado. En uso de sus facultades constitucionales, el presidente Martín Vizcarra ha disuelto el Congreso de la República, en respuesta al rechazo a la cuestión de confianza presentada por su gobierno contra el viciado proceso de designación del Tribunal Constitucional (TC)”.
“Este rechazo se concretó cuando lejos de debatir la cuestión de confianza, el Parlamento decidió votar por la elección de dos miembros del TC, uno de los cuales fue elegido consumando un fraude electrónico, robándole el voto a una legisladora. Como ha sido anotado de modo reiterado, la mayoría fujimorista y sus aliados han defendido sus intereses relacionados a varios casos de corrupción hasta el último minuto”, indicó el rotativo.
En contraste el diario El Comercio dice en su editorial “El mandatario, en otras palabras, ha decidido cruzar el Rubicón y con ello se ha instalado en un terreno peligroso, en el que la discrecionalidad de un presidente prevalece por encima de lo señalado taxativamente por el orden legal."
"Y el propio Vizcarra así lo ha reconocido cuando en su mensaje de ayer aseguró que basaba su decisión en una 'denegación fáctica'. Una situación que, además, ha motivado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que ha considerado que la interpretación del jefe del Estado “se aleja de la Constitución” y ha invocado a “buscar una salida política que reconduzca al país por la vía constitucional”, agregó.
Pero, los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.
¿Qué pasó?
Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.
La popularidad de Vizcarra
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.
“En Noticias SER consideramos que la disolución del Congreso abre una nueva etapa en la vida política del país y esta no debe convertirse en otra oportunidad desperdiciada para alcanzar una democracia saludable y alejada de la corrupción. Por ello, mantenemos nuestra exigencia para la convocatoria de elecciones generales que ponga en manos de la ciudadanía la renovación de la clase política. La única salida a este periodo de inestabilidad es que se vayan todos”, señaló en su editorial el periodista Javier Torres.
