Puntos destacados:
- La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el uso provisional de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite al gobierno de Trump la deportación de venezolanos considerados “amenazas para la seguridad nacional”.
- La Corte Suprema indica que se tiene que respetar el derecho a una audiencia judicial previa.
- Los jueces liberales, incluyendo a Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, criticaron la decisión, argumentando que podría abrir la puerta a violaciones de derechos fundamentales.
Sinopsis:
El proceso judicial inició tras bloqueos de tribunales inferiores, que cuestionaron la constitucionalidad de aplicar en un contexto migratorio la ley de Enemigos Extranjeros diseñada para tiempos de guerra y que data de 1798.
El presidente Donald Trump acusa a la banda transnacional Tren de Aragua de haberse infiltrado en el gobierno del venezolano Nicolás Maduro y que dicho grupo violento está invadiendo Estados Unidos.
El fallo fue decidido por una ajustada mayoría de 5 votos contra 4, evidenciando la polarización en la Corte Suprema. Los jueces conservadores, nombrados principalmente por Donald Trump y George W. Bush, respaldaron la medida alegando la necesidad de proteger la seguridad del país.
Por otro lado, los jueces liberales, incluyendo a Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, criticaron la decisión, argumentando que podría abrir la puerta a violaciones de derechos fundamentales.
También indicaron que los migrantes detenidos y sujetos a las órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación con "un tiempo razonable".
Desde el 15 de marzo de 2025, más de 200 venezolanos han sido deportados en tres vuelos a El Salvador. De estos, 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros porque serían miembros de la peligrosa banda Tren de Aragua, mientras que 101 fueron expulsados siguiendo procedimientos migratorios regulares y se ha confirmado que no tienen vínculos con el grupo criminal.
La decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos ha encendido un debate profundo sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos en el contexto migratorio.
Entre los deportados por Estados Unidos a El Salvador se encuentra Francisco García, un joven barbero acusado debido a sus tatuajes, pese a no tener antecedentes penales ni vínculos con grupos criminales. Casos similares han provocado indignación entre asociaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump y su equipo calificaron el fallo como una victoria para la seguridad nacional de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la medida como parte de una estrategia exitosa contra el terrorismo.
Mientras el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, asegura que la Ley de Enemigos Extranjeros es un arma geopolítica.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), critica duramente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, afirmando que fomenta la discriminación y viola derechos básicos.
