Puntos destacados:
- La ONU denuncia que los grupos armados ilegales de Colombia continúan expandiéndose y consolidando su control en distintas regiones de país.
- Según la ONU, en 2024 la violencia de rebeldes y narcos dejó 252 personas muertas en 72 masacres; 216 niños reclutados, 89 defensores de derechos humanos asesinados y más de 51 mil desplazados.
- El representante de los indígenas del Catatumbo, Yesid Conda, denuncia que además del confinamiento, enfrentan desabastecimiento de alimentos, riesgo de las minas antipersonales si abandonan sus refugios y reclutamiento forzado.
Sinopsis:
Los grupos armados ilegales de Colombia continúan expandiéndose y consolidando su control en distintas regiones de país. Por tanto, los esfuerzos del gobierno colombiano de Gustavo Petro para proteger a la población civil han sido "insuficientes". Así lo consigna un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según la ONU, en 2024 la violencia de rebeldes y narcos dejó 252 personas muertas en 72 masacres; 216 niños reclutados, 89 defensores de derechos humanos asesinados y más de 51 mil desplazados.
Juan Carlos Monge, representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, comenta sobre la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro en la protección de civiles.
A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por alcanzar una "paz total", diversos grupos armados ilegales, incluidas guerrillas de izquierda y bandas criminales financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, continúan ejerciendo control territorial y social en varias regiones.
En este momento, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, se agrava la crisis humanitaria. Miles de campesinos viven atrapados en el fuego cruzado de grupos armados ilegales.
A propósito, el informe destaca la cruenta violencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde guerrilleros del ELN se enfrentan con disidentes de las FARC, con un balance de 70 muertos y más de 52.000 desplazados desde mediados de enero, según cifras oficiales.
En este contexto, las comunidades indígenas y afrodescendientes han sido especialmente vulnerables. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que al menos 22 líderes indígenas han sido asesinados en los últimos 12 meses, mientras que la Corte Constitucional ha reiterado que estas poblaciones enfrentan un "riesgo de exterminio físico y cultural" debido a la violencia sistemática en Colombia.
El representante de los indígenas del Catatumbo, Yesid Conda, denuncia que además del confinamiento, enfrentan desabastecimiento de alimentos, riesgo de las minas antipersonales si abandonan sus refugios y reclutamiento forzado.
Las conclusiones de la ONU han generado reacciones diversas en el ámbito político. La Defensoría del Pueblo respaldó el informe, señalando que "la violencia sigue siendo un flagelo para la población civil y se requieren medidas inmediatas".
El próximo 3 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizará un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2024.
